Claves del pacto entre los obispos y el Gobierno: la Iglesia pagará las indemnizaciones que proponga el Defensor del Pueblo

Dos años y medio después de que el Defensor del Pueblo propusiera indemnizar a las víctimas de la pederastia con la creación de un "órgano independiente", en un demoledor informe en el que calculó que ha habido unas 440.000 víctimas en instituciones católicas; el Gobierno y la Conferencia Episcopal han firmado este jueves un acuerdo para crear un sistema de reparación mixto.

El pacto contempla que la Iglesia se hará responsable de las reparaciones económicas o de cualquier otra naturaleza que soliciten los afectados. Y el Defensor del Pueblo, la institución encargada de elaborar las propuestas de reconocimiento y reparación. Estas son las claves del histórico acuerdo:

Plazos para la reparación

En el plazo de un mes, se firmará un convenio de colaboración entre la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (Confer), el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Justicia en el que se formalizarán los términos rubricados este jueves en un acuerdo que ha sido suscrito por el ministro del ramo, Félix Bolaños, el presidente de la CEE, Luis Argüello y el presidente de Cofer, Jesús Díaz, en un acto en la sede del Ministerio de Justicia. En el pacto rubricado este jueves, se establece que en el plazo de un año, prorrogable a otro más, las víctimas podrán presentar las solicitudes de reparación.

El procedimiento

Las solicitudes se presentarán ante una unidad de tramitación dependiente del Ministerio de Justicia, que asumirá la recepción de propuestas, la comunicación con las partes y las notificaciones. Esta oficina trasladará la petición a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo (UVDP), que hará una revisión individualizada de cada caso y propondrá una reparación, que puede ser simbólica, restaurativa, espiritual, psicológica, moral y/o económica, atendiendo a lo solicitado por la víctima. La propuesta se trasladará a la Comisión Asesora, que la Iglesia puso en marcha en septiembre de 2024, dentro de su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA). Si la Comisión eclesial está conforme con la resolución, esta tendrá carácter definitivo. Si hubiera disconformidad de alguna de las partes con la propuesta, se convocará una Comisión Mixta, de la que formarán parte las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime. Y si continuara la disconformidad, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptará la resolución definitiva. Según ha informado la Iglesia, primero escuchará al presidente de la CEE o de la Confer.

La ejecución

El acuerdo establece que la Iglesia católica pagará las indemnizaciones o dará cumplimiento al resto de medidas reparadoras acordadas, "con la forma y las mismas garantías previstas" en su propio Plan de Reparación, pero sin fijar un plazo máximo y concreto. Sí aclara que si la diócesis, el instituto o la entidad religiosa responsable, donde se cometieron los abusos, no dieran cumplimiento a las medidas reparadoras, la CEE y la Confer se ocuparán.

Las víctimas

El acuerdo va dirigido a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica que no hayan podido acceder a la vía jurisdiccional, bien porque el agresor ha fallecido, bien porque el caso ha prescrito. Bolaños ha explicado que el pacto se circunscribe exclusivamente a los delitos de pederastia en el seno de instituciones religiosas, pero la Conferencia Episcopal asegura que el Gobierno se ha comprometido a abordar también la reparación integral de todos los menores víctimas, en cualquier ámbito de la vida pública. A este respecto, Bolaños ha explicado, en rueda de prensa, que el Gobierno ya aprobó en 2021 la ley contra la violencia infantil, que contiene medidas de prevención y reparación para las víctimas de agresiones sexuales en la infancia, en cualquier ámbito.

Exención fiscal

El pacto contempla que las reparaciones económicas, para las cuales no se fija una cuantía o un baremo de cuantías fijo en función del daño, sino que se decidirá en cada caso, estén exentas de tributación, especialmente del Impuesto sobre la Renta.

El fracaso del plan unilateral

El Gobierno ha promovido el pacto porque muchas víctimas, que no pueden acudir a la justicia porque el delito se cometió hace muchos años y ha prescrito, recelan del plan de reparación propuesto por la propia Iglesia, dado que esta institución, durante años, se ha dedicado a minimizar y ocultar los escándalos. De hecho, el llamado PRIVA eclesial ha reparado durante el último año apenas a un centenar de víctimas, con indemnizaciones cercanas a un total de dos millones de euros, según las cifras ofrecidas por la Conferencia Episcopal. La Iglesia reconoce un cómputo de unas 2.002 víctimas, por lo que las que han sido reparadas no llegan al 2%.

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