Montero ofrece a las comunidades acogerse al nuevo modelo de financiación o quedarse en el antiguo

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado a las comunidades autónomas durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que la adscripción al nuevo modelo de financiación autonómica, con un aumento de los recursos de 21.000 millones de euros, será voluntaria. Esto es, cada territorio podrá decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el antiguo. Se trata de una prerrogativa que no es nueva, como matizan fuentes de su departamento, pues ya está incluida dentro de la actual ley de financiación de 2009. Un planteamiento que recuerda al seguido con la quita de la deuda, pactada con ERC para Catalunya y posteriormente extendida a todas las comunidades que decidiesen voluntariamente acogerse. Las comunidades autónomas que rechazan la propuesta han despreciado este mecanismo de voluntariedad desde el convencimiento de que no saldrá adelante en el Congreso o, en cualquier caso, que lo recurrirán en los tribunales.

La duda que queda por despejar es si las comunidades que decidieran mantenerse en el sistema antiguo recibirían una dotación menor que las que se acogieran al nuevo, como en principio parece poder concluirse. La reforma propuesta por el Gobierno, así, incluye una mayor transferencia de recursos (por el incremento del porcentaje del IRPF y el IVA que se cedería a las regiones, entre otros factores). Según explicó Hacienda el pasado viernes, con la revisión del modelo se repartirían 224.507 millones de euros a las autonomías el año que viene y ello representaría un incremento de 20.975 millones, con lo que el sistema vigente el año que viene aportaría unos 203.532 millones.

Si efectivamente las comunidades que se queden en el régimen antiguo recibirían una cantidad menor que las que se acojan al nuevo, el anuncio de Montero podría tratarse de una maniobra política para tratar de contrarrestar las críticas de la mayoría de las comunidades, con la excepción de Catalunya. Así, sería una forma de demostrar que, pese a sus ataques, el nuevo sistema es más beneficioso para todas las comunidades que el antiguo. Todo ello, además, en un contexto en que la aprobación de la propuesta del Gobierno parece hoy por hoy muy compleja por la oposición de Junts y el PP, principalmente.

La ministra, en cualquier caso, ha apuntado que ya tiene "previsto" que algunas comunidades optarían por permancer en el modelo antiguo. Probablemente en referencia a Extremadura y Cantabria, las dos únicas que se quedarían igual (aunque por otra vía el Gobierno ha prometido compensarlas para que también se vean beneficiadas). En términos absolutos, Andalucía (4.846 millones de euros), Catalunya (4.686 millones), Comunidad Valenciana (3.669 millones) y la Comunidad de Madrid (2.555 millones) serían las autonomías que más verían incrementados sus recursos en 2027 con la propuesta de reforma del modelo de financiación de las comunidades de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra). Pero en términos relativos, más significativos, los mayores incrementos los recibirían Murcia (cerca de un 19%) y la Comunidad Valenciana (en torno a un 17%), por delante de Castilla y La Mancha, Andalucía y Catalunya (en torno a un 13-13,5%), Aragón (en torno al 10%) y Madrid (en torno al 8,5%).

Ronda de reuniones

La vicepresidenta primera también se ha comprometido a iniciar una ronda de reuniones de carácter con las comunidades para combinar el carácter bilateral con el multilateral, para profundizar en el modelo. Una exigencia que habían puesto sobre la mesa territorios como Asturias, cuyo gobierno lidera el socialista Adrián Barbón. Desde las comunidades presididas por el PP han sido recurrentes las críticas sobre que este nuevo modelo venga "precocinado" tras el acuerdo previo con ERC, materializado la pasada semana en Moncloa entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. Este mismo martes, Moncloa confirmaba que el presidente del Gobierno mantuvo dos reuniones privadas previas con el líder de ERC.

La titular de Hacienda ha arremetido contra la etiqueta del agravio territorial a su propuesta del nuevo modelo de financiación. A modo de ‘fact check’, Montero enumeró en rueda de prensa tras la reunión las críticas de las comunidades del PP (y otras socialistas como Castilla-La Mancha) para tildar de “falso” que el modelo se haya hecho para “contentar a Catalunya”. “Esos partidos querían un cupo, nosotros estamos hablando de una reforma del régimen común”, replicó. Para concluir que no contiene “ningún privilegio ni trato de favor” a Catalunya ha esgrimido que más del 70% de los nuevos recursos benefician a comunidades del PP. “Si hay un partido que se beneficia es el PP”, contrapuso.

Montero también ha tratado de desmontar las críticas a la ordinalidad, el principio por el cual una comunidad ocupa la misma posición en el 'ranking' por contribución al sistema y percepción de recursos por habitante, que ha abierto una brecha incluso dentro del PSOE. La ministra ha tildado estas premisas de falsas porque “este sistema no tiene principio de ordinalidad, se cumple para algunas comunidades”, como sería el caso de Catalunya. “La ordinalidad que contiene este modelo es la misma que tenía el modelo de financiación que abandonamos. Está hecha con los mismos parámetros”, ha concluido.

Bilateralidad

La bilateralidad con Catalunya y el reconocimiento de la ordinalidad, añadido a que el nuevo modelo de financiación parte de un acuerdo previo con ERC, son precisamente los elementos que más han soliviantado a las comunidades del PP y abierto una brecha dentro del propio PSOE. Pedro Sánchez trataba de sacudirse este lunes las críticas del agravio territorial ante la nueva financiación al defender que "no hay ganadores y perdedores" porque "todas las comunidades ganan".

El nuevo modelo solo cuenta por el momento con el aval de la Generalitat de Catalunya. El frente de rechazo entras las comunidades del PP se daba por descontado, pero a este se han unido las duras críticas del presidente socialista de Castilla-La Mancha, así como las dudas y líneas rojas puestas sobre la mesa por el Principado de Asturias.

Sin mayorías en el Congreso

La pretensión de Hacienda en este CPFF era solo informar del modelo para dejar la votación para una próxima reunión. Hacerlo así ya sobre la base del anteproyecto que se apruebe en Consejo de Ministros en un plazo de unos dos meses, para arrancar la tramitación parlamentaria antes de verano, según sus cálculos. Sin embargo, el modelo de financiación tampoco convence a parte de los socios del Gobierno en el Congreso. Junts y el BNG ya han manifestado su profunda oposición, mientras que el plan ha dividido a Sumar, socio de coalición del PSOE en el Gobierno, con IU, Compromís y CHA cuestionándolo abiertamente.

Los posconvergentes, cuyo voto sería imprescindible, han anunciado ya una enmienda a la totalidad. Para los nacionalistas gallegos, la propuesta es discriminatoria con Galicia, Compromís la tilda de insuficiente y la Chunta Aragonista cuestiona que no se recoja la singularidad de este territorio. Este mismo jueves, el expresident Artur Mas instó a Junts a entrar en la negociación sobre la financiación para mejorar el pacto de ERC. Montero ha apelado al diálogo para tratar de acercar los apoyos necesarios y hasta ha reclamado, sin mencionar a Junts, que “si alguno no lo tiene claro, que pueda abstenerse y permitir que el modelo avance porque este modelo es mejor que lo anterior”.

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