Proyecto bajo la lupa
El escándalo por las viviendas protegidas en Alicante permanece en el Congreso: “Para el PP esto no es un derecho, es un negocio”
La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha anunciado la creación de una “comisión técnica” para garantizar la transparencia en las adjudicaciones

Urbanización Les Naus / Héctor Fuentes
Manuel Lillo
Las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas a personas relacionadas con el Ayuntamiento de Alicante siguen dando que hablar. El caso, destapado a finales de enero por INFORMACIÓN, ha regresado este miércoles al Congreso de los Diputados, donde se ha celebración la sesión de control al Gobierno y en el que la vivienda ha sido uno de los temas a tratar.
En concreto, Sergio Sayas, diputado del PP, ha interpelado a la ministra Isabel Rodríguez, titular de Vivienda y Agenda Urbana, para reprocharle sus políticas en este ámbito y señalarla por lo que considera una actuación insuficiente a la hora de construir nuevos hogares.
Rodríguez, ante su discurso, ha respondido defendiendo las iniciativas del ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, y ha sacado a colación el escándalo de las viviendas protegidas en la promoción de Les Naus de Alicante. La ministra ha llegado a este punto tras defender su gestión y subrayar “la convicción de que de esta crisis solo se saldrá si se deja de considerar la vivienda como un bien de mercado para pasar a consagrarla como un derecho”.
La ministra ha anunciado en su intervención la creación “de manera inminente” de una comisión técnica “solicitada por el Consejo Asesor de la Vivienda” para, “precisamente, poder reforzar los controles y prevenir lo que ha sucedido, así como la rendición de cuentas”.

El diputado del PP, Sergio Sayas, durante su intervención en el Congreso. / Efe
Críticas y actuaciones
Además, Rodríguez ha reprochado a Sayas no haber respondido a la pregunta que la semana pasada le realizó en el Congreso “ante informaciones que cada vez preocupan más”. “Nosotros queremos vivienda protegida para siempre, no para el PP y sus familiares, que es lo que ustedes han hecho”, ha recriminado la ministra. La titular de Vivienda se ha extendido en este mensaje, señalando al PP por “haberse repartido toda la vivienda que han hecho” desde la administración y acusando a la formación que gobierna en la Generalitat y en el Ayuntamiento de Alicante “dejar antes la vivienda en manos de los fondos buitres y ahora repartírsela entre ellos. Así no se soluciona el problema, señoría”.
Según ha dicho la ministra, ella misma se ha dirigido “estos días” a la Conselleria de Vivienda, dirigida por Susana Camarero, “para trasladar el absoluto rechazo a esta forma de proceder y para exigir mejoras en los procedimientos de adjudicación con absoluta transparencia”.
Pediré a las administraciones públicas que ustedes gobiernan la implicación para poder con esos datos de registros de fianzas, de demandantes y de la situación del parque público
De hecho, Rodríguez considera que este escándalo “no es casualidad”, ya que “el señor Mazón”, cuando presidía la Generalitat, “derogó una normativa para prevenir el fraude, concretamente el decreto 106/2021 de 6 de agosto para que estos chanchullos fueran posibles en la Comunidad Valenciana”, poniendo así fin a “la obligatoriedad de constar como demandantes en el registro de la Generalitat”.
La conclusión, ante estos hechos, de la ministra, es que “el PP sigue contemplando la vivienda no como un derecho, sino como un negocio”, y como ejemplo ponía la venta de “barrios enteros” en Madrid por parte de inversores extranjeros, señalando así la política de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Medida
Ante esta situación, Rodríguez ha acabado anunciando la creación “de manera inminente” de una comisión técnica “solicitada por el Consejo Asesor de la Vivienda” para, “precisamente, poder reforzar los controles y prevenir lo que ha sucedido, así como la rendición de cuentas”.
La ministra ha asegurado que esta medida responde también a “la demanda de las instituciones europeas en el reciente Plan Europeo de Vivienda Asequible”. “Por tanto, pediré a las administraciones públicas que ustedes gobiernan la implicación para poder con esos datos de registros de fianzas, de demandantes y de la situación del parque público” para que, “en definitiva, no vuelva a ocurrir lo que ustedes han hecho en Alicante”.
En su turno, el diputado del PP, Sergio Sayas, ha evitado referirse al escándalo de las viviendas protegidas.
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