La asociación mayoritaria de jueces advierte al Parlamento Europeo del "deterioro de la percepción" sobre la independencia judicial

La asociación mayoritaria de jueces en España, la Asociación Profesional de la Magistratura, ha traslado este lunes a una delegación de eurodiputados que visita nuestro país su "preocupación" por "el clima institucional y la percepción pública" que apunta a que la independencia judicial en nuestro país tiende "a deteriorarse". Así lo han comunicado al término del encuentro con los miembros del Parlamento Europeo que entre este lunes y martes mantendrán diversos encuentros enmarcados en la elaboración de un informe sobre el Estado de Derecho en nuestro país.

La delegación está integrada por cinco diputados de diferentes partidos políticos que integran la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, y que son su presiente Javier Zarzalejos (del PP europeo), Raquel García Hermida-van der Walle (de Países Bajos), Alessandro Zan (Italia), Assita Kanko (Bélgica) y el dirigente de Vox Jorge Buxadé.

La delegación tiene previstas reuniones con representantes del Ministerio de Justicia, la presidenta y miembros del Tribunal Supremo ( en un encuentro que tendrá lugar el martes) miembros del Consejo General del Poder Judicial, así como con el presidente del Tribunal Constitucional, y la fiscal general del Estado. Igualmente, tiene en su agenda conocer la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante y mantener encuentros con la Guardia Civil.

Este lunes han comenzado sus contactos con asociaciones de jueces y fiscales, organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos del Estado de Derecho, transparencia, anticorrupción, igualdad y no discriminación, así como con representantes de medios de comunicación y expertos académicos.

Reforma en el CGPJ

Los representantes de la Asociación de la Magistratura han comunicado al término del encuentro que, pese a las numerosas reformas aprobadas en los últimos años, las mejoras estructurales no se han consolidado y tampoco ha tenido lugar una reforma efectiva del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial tal y como era reclamada por los propios órganos europeos.

También han trasladado las "serias disfunciones" que a juicio de esta asociación está generando la implantación de los tribunales de instancia "que, sin una inversión adecuada y una planificación suficiente, están provocando problemas organizativos, sobrecarga y un deterioro del servicio al ciudadano".

"Garantizada", según progresistas

Una visión muy diferente es la que ha trasladado a la delegación europea Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) que mantiene que "la independencia judicial está garantizada en España, sin que se encuentre en peligro".

Los jueces progresistas valoran muy positivamente el proyecto presentado por le Gobierno de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal "que separa con claridad la función de investigación y las de garantía", así como la creación de 500 nuevas plazas nuevas en los tribunales, y otras tantas en 2027, o el proyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "para evitar la coincidencia del mandato del Fiscal General del Estado con la del gobierno que lo designa".

Como aspectos negativos, este sector de la judicatura ha mencionado durante su reunión con los europarlamentarios "los distintos ataques de responsables políticos que no constituyen crítica a la labor judicial, sino intento de desacreditar". Como significativo, han subrayado la presión que sufre la jueza del caso de la Dana en Valencia o la, según ellos, "persistente campaña de desprestigio contra el Tribunal Constitucional".

En cuanto a la Fundación Hay Derecho, la directora general, Safira Cantos, también ha subrayado ante la delegación de europarlamentarios la necesidad de reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reducir su politización y alinearlo con los estándares europeos. Igualmente, ha trasladado la necesidad de reforzar la independencia de la Fiscalía General del Estado, para que el mandato de quien sea cabeza del Ministerio Público quede desvinculado del mandato del Gobierno.

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