Los menores llegados a Ceuta tardarán al menos tres meses en ser trasladados a la península

El grueso de la emergencia migratoria de la semana pasada en Ceuta se ha solventado en pocos días, con la vuelta ordenada y casi sin incidentes de 70.000 de los 72.000 migrantes irregulares que entraron en la ciudad autónoma en poco más de 24 horas. Ahora, en la ciudad quedan los menores migrantes, los niños no acompañados por sus padres o tutores que terminarán en su mayoría siendo trasladados a la península, ya que la ley les ampara. Eso sí, como reconocen a EL PERIÓDICO tanto desde el Ejecutivo local como desde el Gobierno de España, su traslado es posible que se retrase hasta un mínimo de tres meses.

En la ciudad autónoma hay ahora mismo entre 1.100 y 1.200 de estos niños, según cálculos del Gobierno local, contando a los que llegaron hace unos días -unos 600- y a los que ya estaban. Son los jóvenes a los que la ultraderecha llama despectivamente menas. La Policía Nacional ya ha filiado a más de 500 de los recién llegados, según la Delegación del Gobierno. A partir de ahora, comienza un proceso administrativo individualizado que no se podrá resolver en los 15 días que marcan la ley, ya que estamos ante una avalancha de llegadas.

Como dijo gráficamente el miércoles el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, "no hay ley que resista lo que significa una avalancha". Por eso, los traslados a la península tardarán más de lo que marca la ley. Para acogerlos en los próximos meses, se están habilitando espacios de estancia temporal para que puedan ser atendidos durante la espera. Entre septiembre de 2025 y la primera quincena de julio de 2026, han sido ya trasladados a varias comunidades autónomas más de 600 menores, como marca la ley. Y ni el Gobierno, ni la ciudad de Ceuta se han encontrado graves problemas. "No ha habido ningún impedimento al cumplimiento de la ley", ha dicho Vivas.

Sin embargo, el Gobierno teme esta vez que los ejecutivos autonómicos del PP y Vox aprovechen el ruido mediático generado para poner trabas y problemas a los traslados, a pesar de que hasta ahora sus gobiernos estaban colaborando con normalidad. Aunque los populares esta vez se han desmarcado de Vox y ha pedido cumplir la ley para resolver la crisis de Ceuta. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, fue claro este miércoles y aseguró rotundo en TVE que "la ley obliga también a las comunidades". "Hay una Ley de Extranjería y hay un mecanismo con elementos objetivos para el reparto para reducir la presión allí donde tenemos vías de entrada, como es el caso de Canarias, de Ceuta o de Melilla", ha añadido el número dos del Ejecutivo.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, fue más lejos y advirtió que si algunas comunidades se niegan a cumplir la ley, en ese caso "tendrá que actuar de oficio la Fiscalía de Menores porque la ley, evidentemente, tiene que cumplirse".

De momento, Ceuta tiene que seguir gestionando la estancia de los niños y adolescentes mientras se estudia caso por caso dónde pueden ir. Al Ministerio de Juventud e Infancia le consta que varias familias marroquíes han pedido la vuelta de algunos de estos menores, con lo que muchos de los que están en la ciudad autónoma podrán volver a su país de origen siempre que sus familias quieran hacerse cargo de ellos.

Colegios habilitados provisionalmente

Respecto a la situación de los menores en Ceuta, su primer destino será uno de los dos colegios habilitados para la primera acogida: los colegios de Educación Primaria Reina Sofía y Príncipe Felipe. En ambos espacios se han desplegado carpas y literas para que los menores puedan residir allí durante estas semanas. Ese destino será temporal, dado que las clases empiezan en septiembre. Para entonces, ambos espacios deben quedar liberados. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia han adelantado que se prepararán unas naves en las que permanecerán los menores cuando sean desalojados de los mencionados colegios. "En ningún caso afectará a los escolares ceutíes", aseguran desde el Ministerio a EL PERIÓDICO.

A partir de ahí, todo dependerá de la agilidad de los procesos de traslado a las comunidades autónomas de la península. Si los menores tienen familias en alguna provincia, podrían ser enviados allí. Si no, dependerá de los acuerdos que alcancen entre el Gobierno y las diferentes administraciones autonómicas.

A pesar de las buenas palabras del Partido Popular nacional, algunas CCAA donde gobiernan el PP y Vox ya están adelantando que rechazarán los traslados. Es el caso de Murcia, cuya consejera de Políticas Sociales ya ha adelantado que no tienen capacidad para acoger a más personas. Y, como espera el Ejecutivo, no será la única, con lo que todo puede acabar en procesos judiciales que pueden demorar la salida de los jóvenes de la ciudad autónoma varios meses.

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