Un 28% de los jefes de explotación en Extremadura son mujeres, 17.894 en total. También en este caso, la pirámide de edad muestra un notable envejecimiento:siete de cada diez de ellas tiene 55 o más años.
Las mujeres siempre han trabajado la tierra, aunque su contribución a la agricultura y a la ganadería ha sido invisible: el poder del campo siempre lo ostentaron los hombres. Pero esto empieza a cambiar, pues en la última década las jefas de explotaciones agrarias han crecido un 22 % en España y ya son casi el 30% del total. Aún queda mucho camino por recorrer para acabar con la brecha de género en el campo, pero el último Censo Agrario, recién publicado por el Instituto Nacional de Estadística, evidencia que se va reduciendo.
En España, en 2020, había 261.634 mujeres al frente de explotaciones agrícolas, una cifra un 22% superior que la registrada en 2009. Ellas suponen el 28,6 % del total, una cifra aún lejana al deseado 50 % pero que refleja una evolución positiva en un sector históricamente masculinizado. El número de jefes varones ha caído en el mismo periodo casi un 16 %. Hasta hace no tanto tiempo, su contribución a las tareas agrícolas y ganaderas ni siquiera se veía reconocida con un alta en la Seguridad Social.
«Hacemos una valoración muy positiva de los datos del Censo Agrario. Llevamos mucho insistiendo en que es necesario hacer políticas de acción positiva que favorezcan la participación de las mujeres en el sector: siempre han trabajado en la agricultura, pero realizando trabajos invisibles e invisibilizados. Siempre estuvieron, pero ahora han ganado visibilidad y responsabilidad y esa es una magnífica noticia para avanzar hacia un sector más equilibrado. El dato del crecimiento del 22% es magnífico», destaca la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), Teresa López.
López explica que las políticas de acción positiva han tenido un gran impacto en el medio rural de cara a fomentar la participación y la responsabilidad de las mujeres en la actividad agrícolaganadera. «Se ha avanzado muchísimo en estos años. Cuando Fademur empezó a trabajar como federación -inicios de los 2000- había muchísimos problemas para que las mujeres se pudieran dar de alta en la Seguridad Social trabajando en las explotaciones. En 2002 nos encontrábamos casos alucinantes: reticencias de funcionarios que no querían darlas de alta o pretendían hacerles un examen de tractor o les exigían que motivasen su interés por darse de alta en un escrito. Desincentivaban y dificultaban», cuenta López.
La reforma de la Seguridad Social Agraria unos años más tarde contemplaba por primera vez incentivos para que las mujeres que llevaban toda la vida trabajando en las explotaciones cotizaran: «Fue un trabajo duro y difícil, conocíamos a demasiadas mujeres cuyos primeros ingresos propios eran la pensión de viudedad», rememora. «Desde entonces se ha recorrido un camino muy importante y las mujeres jóvenes ya no están dispuestas a estar en una posición secundaria, aunque todavía hay un cierto sector de la población que cree que si te ocupas de los trabajos administrativos de gestión de la explotación eso no es trabajo agrario», añade.
Más pequeñas
La realidad es que la discriminación laboral de las mujeres persiste y se manifiesta de múltiples formas en el entorno rural. La presidenta de Fademur destaca que las explotaciones dirigidas por mujeres son más pequeñas -entre otras cuestiones porque dedican más tiempo a los cuidados- y ellas tienen más dificultades que ellos para acceder a créditos, formación y tecnología.
Fuentes de Cocampo indican que las explotaciones dirigidas por mujeres generan menos trabajo que las gestionadas por hombres, pues tienen una menor superficie agraria útil. Hacen hincapié en que los ingresos agrarios de los hombres son superiores a los de las mujeres (36.150 euros frente a 21.500), por lo que ellas necesitan completar su renta con actividades fuera de la agricultura. Desde esta plataforma inciden además en que apenas la cuarta parte de las personas perceptoras de las ayudas de la PAC fueron mujeres en 2019, último año del que se tienen datos.
«Hay un problema de acceso a la tierra: el actual mercado es opaco y basado en intermediarios y redes masculinas, lo que dificulta que tanto jóvenes como mujeres compren tierra y emprendan nuevas explotaciones. (...) También hay un menor acceso a la financiación, lo que limita sus posibilidades de ampliar las explotaciones o avanzar en su modernización», señalan.
