La PAC que quiere Bruselas, en 10 claves

A mediados de julio pasado la Comisión Europea presentó su propuesta presupuestaria y de reforma para la Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2028. Un planteamiento que ha concitado el rechazo de las organizaciones agrarias y de las administraciones españolas. A partir de ahora se abre un largo proceso, que comenzará este otoño con el informe del Parlamento Europeo valorando este primer documento. Estas son algunas de sus claves explicadas por Ignacio Huertas, secretario de Agricultura de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y secretario general de UPA-UCE Extremadura.

1 Recorte de presupuesto

El presupuesto asignado por la Comisión Europea para la PAC en el periodo 2028-2035 cae en torno a un 22%, de 387.000 millones de euros a 302.000 millones, aunque es cierto que aquí se incluyen solo las ayudas a la renta, no las partidas actuales financiadas por el Feader (desarrollo rural). El sector considera que este tijeretazo pone en peligro la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las zonas rurales. Estados miembros como «Países Bajos, Alemania, Dinamarca o Suecia», detalla Huertas, «están presionando para pedir que haya un presupuesto a la baja». Son territorios «con pocos agricultores y ganaderos, pero económicamente fuertes», y que con esta PAC tendrían «más capacidad de apoyar» a su sector primario, ya que el cambio de arquitectura que se propone deja mucho más margen a cada Estado para decidir su política agraria.

No obstante, matiza este dirigente agrario, «hay una mayoría de países», entre ellos España, Francia o Italia, que en su día ya defendieron que no hubiese menos fondos, por lo que confía en que esta situación se revierta. «Es el primer debate que tenemos que afrontar, qué pasa con el presupuesto. Hay que cambiar y modificar ese planteamiento inicial que ha hecho la Comisión».

2 PAC con una ‘C’ más pequeña

Una de las claves de la reforma es lo que se denomina renacionalización de la PAC, ya que se traslada en gran parte el peso de la gestión a los estados miembros. Quitando el montante que se ‘blinda’ del presupuesto comunitario, «vamos a estar al albur de lo que decida cada gobierno de turno, de cuáles van a ser sus prioridades en la política agrícola. Dejamos de tener un presupuesto específico y propio», precisa Huertas.

Eso generará «una situación de incertidumbre absoluta» y de «desigualdad» entre los propios agricultores de los diferentes países del UE, con una Comisión que tendrá menos control sobre este ámbito. «Ya no es solamente un tema de más o menos recorte, sino que hay un cambio de gobernanza» que implicará que «un estado miembro rico, en un momento determinado, podrá decidir apoyar más a sus agricultores que otro que tenga menos renta». También castigará a aquellos países donde el agro mantiene un peso relativo más elevado, como sucede en España, obligados a hacer un mayor esfuerzo. En definitiva, abre la puerta a que agricultores y ganaderos cobren más o menos ayudas en función de su país de residencia, a pesar de que «todos convergemos en el mismo mercado europeo».

3 Se cae uno de los pilares

En esta propuesta de la Comisión desaparece la estructura actual de dos pilares, uno de ayudas directas y medidas de mercado y otro de desarrollo rural. En este segundo se incluyen medidas como las ayudas agroambientales o la agricultora ecológica. Es algo vinculado al punto anterior, ya que serán los estados miembros los que decidan sus propias políticas en estas materias.

4 Cambios en la degresividad

La degresividad es una reducción directa de las aportaciones recibidas en función del importe total de las ayudas ingresadas por un perceptor. Ya existe en la actual PAC, aunque aplicada de una forma diferente. Tal y como se contempla ahora, se reducirá la ayuda a la renta por superficie en un 25% cuando el total concedido se sitúe entre 20.000 y 50.000 euros; en un 50% cuando oscile entre los 50.000 y 75.000 euros; y en un 75% cuando el importe sea superior a 75.000. No se podrán superar los 100.000 euros por agricultor y año. Por otro lado, desaparece una posibilidad que existía hasta ahora, que era la de las explotaciones tuvieran un menor recorte por este concepto en función de si se crean puestos de trabajo, lo que permitía llevar además el límite por arriba hasta los 200.000 euros.

Huertas es partidario de este tipo de modulaciones, aunque defiende que el «mínimo para empezar» a aplicarlas debería estar en torno a «los 35.000 o 40.000 euros». Buena parte de las ayudas hay que destinarla a pagar los costes de producción, alega, con lo que topes más bajos castigan en realidad «a explotaciones familiares, que además son las que más beneficios generan al conjunto de la sociedad». De lado contrario, considera que habría que bajar el máximo. «No es de recibo que haya una explotación que cobre 100.000 euros, porque estamos hablando exclusivamente a ayudas a la renta básica. Apostamos por que, a partir de 75.000 euros, no se cobre», esgrime.

En el documento actual tampoco se recoge la ayuda redistributiva, «que se ha puesto en marcha en esta PAC y ha sido muy beneficiosa para las explotaciones familiares». Consistía en un pago complementario a la ayuda básica, concedido a las primeras hectáreas de cada explotación.

5 Hasta 3.000 a los ‘pequeños’

Los Estados miembros tendrán que garantizar que no se conceda ayuda a aquellos agricultores que no realicen ninguna producción agrícola en su explotación y el pago anual para cada pequeño agricultor no superará los 3.000 euros. «Ese límite debería extenderse hasta los 5.000 euros de ayuda», defiende Huertas, lo que beneficiaría así a pequeños productores «que siguen en el sector agrario y que en gran medida son los que ayudan a mantenerlo. Sin ellos no existirían muchas de las cooperativas actuales, por ejemplo», aduce. En este sentido, apostilla, este tipo de pequeños perceptores no son los que «hacen daño en el reparto de las ayudas, porque con el actual sistema quienes nos hacen daño son los grandes perceptores», sostiene. Con datos de 2023, hay un 9,5% de personalidades jurídicas que se lleva casi el 40% de los fondos. Por eso, incide, aún cuando hubiera el mismo presupuesto «se necesitaría una distribución diferente».

6 Jubilados, sin ayudas en 2032

A más tardar en 2032, los estados deberán propiciar que los solicitantes que alcancen la edad de jubilación y que reciban una pensión de jubilación dejen de percibir ayudas. Según las estimaciones de la Junta, eso afectará a unos 15.000 perceptores extremeños. «Con esto estamos otra vez en lo de siempre», critica Huertas, perjudicando a las rentas más bajas, pero propiciando que «los ricos sigan siéndolo». «Cuando llega la edad de jubilación, los agricultores, si tienen una ayuda importante, lo que hacen es que constituyen una sociedad interpuesta, una personalidad jurídica. Lo que nos vamos a encontrar es que a los que cobren pequeñas ayudas, evidentemente, no les va a dar para tener una sociedad de este tipo, y son los que dejarán de cobrar». Y eso en un sector en el que las pensiones «son las más bajas».

7 Relevo generacional

La falta de relevo generacional es sin duda uno de los principales problemas que afronta el campo. El documento provisional recoge que los Estados miembros establecerán una Estrategia de renovación generacional en la agricultura, y que concederán ayudas para la instalación de jóvenes agricultores y la creación de empresas rurales. Pero esto es algo que debe hacerse compatible, incide Huertas, con que los agricultores que vayan dejando de estar activos «puedan tener unas rentas que les permitan vivir, porque sus pensiones son de miseria». «Los jubilados no son el problema, los problemas los tenemos en esas personas jurídicas detrás de las cuales se esconden los fondos de inversión que se están llevando el dinero. Cuando un joven se quiere incorporar, por ejemplo, en la comarca de Coria, hay fondos que se han quedado ya con miles de hectáreas plantando olivar superintensivo. Y, el joven agricultor se encuentra con que tiene que competir con las rentas que estos fondos pagan a los propietarios», remarca.

En este sentido, el secretario general de UPA-UCE es partidario de recuperar fórmulas como las «del cese anticipado de explotación», con las que se facilite la incorporación de jóvenes al campo a la vez que el que deja la actividad puede tener un apoyo económico adicional a su pensión de jubilación.

8 El sistema de derechos de pago

Otra cuestión trascendental es qué va a pasar con los derechos de pago, el sistema que existe ahora para acceder a las ayudas. «En el documento no se menciona ni que los vaya a haber ni que vaya a dejar de haberlos», indica Huertas, que apunta como una de las posibilidades la de que se acabe optando por «una liberalización total» que derive en una entrada de más hectáreas para el mismo o menor presupuesto. «En determinadas ayudas ya lo hemos sufrido. En las de los eco-regímenes, que no estaban ligadas a derechos, lo que ha habido en la mayor parte de los casos es un crecimiento de la superficie, lo que ha hecho que bajen las ayudas», aclara. En las del pastoreo extensivo, «que era uno de los eco-regímenes, pasamos de en torno a 4 millones de hectáreas a tener 6 millones y medio de hectáreas. Se subieron 2 millones y medio que antes no tenían derecho a ayuda».

Este un debate «que habría que tenerlo con más calma», aduce Huertas, que ve argumentos tanto a favor como en contra de este sistema. Entre los segundos está el obstáculo que puede suponer para el acceso de jóvenes. En cuanto a las ventajas, menciona el que diferencian al titular de la explotación del propietario de la tierra. «Sin derechos, cualquier titular de explotación que tenga un arrendamiento se puede ver presionado por un propietario que quiera cobrar él la ayuda».

9 Modernización y clima

Son otros dos de los desafíos que afronta el sector primario. En el caso del cambio climático, esto abarca desde la mitigación del impacto que tiene en él el sector primario, con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el secuestro de carbono, a la adaptación de los modelos agrícolas y ganaderos hacia unos sistemas de producción resilientes. «Todo eso está muy bien, el tema es el presupuesto. Una de las cosas que hay que hacer para luchar contra el cambio climático es establecer un fondo de crisis que permita apoyar las situaciones excepcionales que viven los agricultores y los ganaderos derivadas de él. Porque lo que se destina a los seguros agrarios es claramente insuficiente. Y en vez de hablar de habilitar un presupuesto extraordinario, de lo que se habla es de detraerlo de la PAC. Tendría que ser uno de los argumentos para subir el presupuesto, no para bajarlo», remacha. Algo parecido ocurre con la transición digital, «que es absolutamente necesaria para este sector».

10 Largo proceso de negociación

A partir de ahora se abre un largo periodo de negociación con el Consejo y el Parlamento Europeo. Tras el parón veraniego, entre septiembre y octubre se publicará el informe del Parlamento sobre la propuesta de la Comisión y es a finales de 2027 cuando está prevista la finalización de las negociaciones de la Comisión con el Consejo y Parlamento. Un itinerario en el que, confía Huertas, la propuesta inicial «se modifique de manera bastante sustancial». Por lo pronto, recuerda, «el Europarlamento tiene una capacidad de decisión mucho mayor que la que tenía en anteriores reformas de la PAC. Puede vetar el presupuesto y, con respecto a la reforma de la PAC como tal, puede también establecer enmiendas y plantear modificaciones».