Los 66 trabajadores de la empresa de granito Grabasa, ubicada en Burguillos del Cerro, inician mañana un encierro en las instalaciones de la fábrica para protestar por su situación, ante lo que parece la inminente desaparición de la firma, que soporta buena parte de la economía local, y que está inmersa en un concurso de acreedores desde el año 2009. La empresa pública Extremadura Avante no aportará finalmente ayudas económicas a Grabasa entrando en el capital social, como los sindicatos habían solicitado, porque, según la Junta, los resultados de una auditoría han descubierto determinadas "incidencias" en las cuentas de la entidad que afectan al "valor patrimonial" de la misma, y que muestran "una situación real de la empresa que haría imposible evitar su disolución con la aportación solicitada a Extremadura Avante". Sin embargo, CCOO denuncia esta "negativa" del Gobierno extremeño a cumplir su "compromiso" de que Avante formase parte del capital de Grabasa, y advierte de que la decisión "condena a la empresa a su liquidación y llevará al desempleo a sus trabajadores".
Este sindicato asegura que con esa decisión de la Junta supondrá la "la liquidación definitiva" de la "principal" empresa de Burguillos del Cerro, que "generaba empleo y riqueza para toda la comarca Zafra-Río Bodión y que era la explotación más importante de granito en toda Extremadura". Por ello, los trabajadores se encierran a partir de mañana para poner de manifiesto que "no se resignan a ir al desempleo", cuando su empresa "podría ser viable económicamente si la Junta de Extremadura decidiese apoyarla", recalca CCOO.
Las federaciones de la Construcción de CCOO y UGT, ambas con representación en el comité de empresa, recuerdan que el Ejecutivo regional se comprometió el pasado 16 de abril "a entrar en el capital social mediante la empresa pública Avante después de que se efectuase una auditoría". Esta auditoría, según CCOO, "fue sustituida por un informe que no entró a valorar el fondo del asunto ni el patrimonio real de la empresa, echando por tierra la posibilidad de una inyección de dinero tanto por parte del Consejo de Administración como de la propia Junta de Extremadura". Estos recursos, está convencido el sindicato, "hubieran permitido el retorno de la actividad a Grabasa".
Lo cierto es que la disolución de la empresa "costará alrededor de dos millones y medio de euros en concepto de indemnizaciones, salarios pendientes y prestaciones por desempleo", sentencia el sindicato.
Sin embargo, el Gobierno extremeño se ampara en los resultados de los que dispone para no entrar a formar parte de la misma. Además, afirma que los activos recogidos en las cuentas presentadas por Grabasa estarían "sobrevalorados", y en la propuesta de viabilidad planteada por la empresa "no se contemplaría un plan real de acciones para solventar la situación enormemente complicada que atraviesa".
La Junta insiste en que se trata de resultados de una auditoría, que se encargó tras la mencionada reunión de abril con los representantes de la empresa. Las partes implicadas, explica el Ejecutivo regional, volvieron a reunirse esta semana para analizar los resultados de la auditoría, que "de conformidad con la normativa que regula el funcionamiento de la sociedad pública Extremadura Avante impiden a la misma participar en esta operación", ya que "su situación patrimonial la hace inviable".
APOYO VECINAL En todo caso, el cierre de Grabasa supondría un golpe de muerte para Burguillos del Cerro, según sus propios vecinos, que salieron a la calle en abril para pedir a la Junta que salvase la fábrica de granito aportando dinero a través de la empresa pública Extremadura Avante. Un esfuerzo que también ha reclamado el alcalde de la localidad, el socialista José Calvo. "Si los recursos naturales de un pueblo dejan de explotarse, de qué vive?", lamentaba entonces ante el posible cierre.
Y es que Grabasa ha sido en los últimos cincuenta años un buque insignia del sector de la piedra ornamental en Extremadura y ha estado entre las cinco empresas más punteras del país en este sector. Surtida de las canteras de la comarca, ha revestido torres y edificios en las principales capitales europeas y mantiene contactos comerciales con países como Estados Unidos y Marruecos.
Su cierre repercutiría en los 3.400 habitantes de este municipio pacense, ya que de ella dependen muchos negocios de la zona, como transportistas, mecánicos, electricistas y comerciantes.
