Muchos centros concertados quedarán vetados para los alumnos con dificultades de aprendizaje y 41 profesores de la enseñanza concertada se irán a la calle. Este es el resultado de la propuesta planteada por la Consejería de Educación para este curso. La Administración se reunió el lunes en Mérida con la patronal de los colegios concertados, los sindicatos y los padres, en las comisiones provinciales de conciertos, para detallar el inicio del curso que arranca en dos semanas y se llevaron una inesperada sorpresa. Educación suprimirá 41 unidades concertadas este año, la mayoría, 34, son de apoyo educativo, lo que agrava el malestar en el sector, ya que este recorte afectaría a medio centenar de alumnos con dificultades de aprendizaje. El curso pasado se concedieron 1.385 unidades ordinarias --ahora 7 menos-- y 84 unidades de apoyo --34 menos ahora-- en 42 colegios.

La Federación de Escuelas Católicas de Extremadura, que aglutina a la mayoría de centros, está sorprendida y disgustada con esta propuesta. "No nos lo esperábamos porque siempre nos han dicho que no habría recortes", señala el secretario de la agrupación, Iván Hodar.

Además, precisa que la consejería ha modificado sin ningún argumento el plan de conciertos que se aprueba cada cuatro años, el último vigente hasta 2013, por el que no puede haber sustanciales modificaciones en el número de unidades concertadas si no quedan justificadas por la falta de alumnado, "que no es el caso". "Ahora firmar un concierto con la Junta es papel mojado porque puede modificar lo que quiera; es una inseguridad jurídica tremenda", critica.

La patronal sostiene que la supresión de tantas unidades de apoyo va además en contra de la LOE porque "acaba con el derecho de elección de centro para las familias que tienen hijos con necesidades especiales, que ahora por imperativo de la Junta tendrán que ir a los centros públicos". Coincide Hodar con USO, CCOO y UGT. Tomás Chaves asegura que se trata de un grave error, porque además del despido de otros 40 profesores, "son medidas que se dirigen hacia un sistema educativo discriminatorio y elitista, en el que los alumnos con más recursos económicos se orientarían a los centros concertados, dejando la red pública para los más desfavorecidos socialmente".

Por su parte, Miguel Salazar, de UGT, añade que esta decisión va en contra de la Ley de Educación, en marcha desde septiembre, que habla de un reparto equitativo entre los centros de los alumnos con necesidades. Salazar critica también la falta de planificación de la consejería, que decide echar a la calle a 40 docentes de la concertada dos semanas antes de empezar el curso. "Con esta escabechina se entiende que hayan esperado para pillarnos de vacaciones", dice Hodar.

Guillermo Sanabria, de USO, agrega que es una "monstruosidad" suprimir tantas unidades de apoyo porque supone cerrar las puertas a muchos alumnos con dificultades educativas y una carga para los docentes de estos colegios.

Tanto Hodar como Sanabria reiteran que los centros están muy disgustados y se sienten engañados tanto por la consejera de Educación, Trinidad Nogales, como por el secretario de Educación, César Díez Solís, que les garantizaron las mismas unidades y les apoyaron en 2010 cuando estaban en la oposición y la Junta quiso suprimir 18 unidades. "Los que nos ayudaban ahora nos hacen lo mismo no, peor".

En este sentido, la Asociación de Docentes de la Concertada (Adecex) rememora que Díez Solís, en la oposición, reclamaba apoyos educativos en estos centros y que cada año son muchos los que se quedan sin ellos pese a solicitarlos. Esta asociación recuerda que los apoyos son un elemento de calidad educativa que contribuyen al éxito escolar, por lo que Concapa espera que se trate de una medida transitoria.

Ante esta situación, la patronal exige una reunión urgente con la consejería y pregunta qué pasará ahora con los alumnos que necesitan una atención especial y que ya están matriculados en los centros concertados que se quedan sin apoyo. "Ya no podemos atenderlos, les decimos que se vayan a un centro público o que sigan aquí aunque sin darles lo que necesitan, porque esos alumnos no han desaparecido". Sin respuesta a esta cuestión, Educación asegura que la propuesta responde a "un estudio riguroso de las unidades actuales con el fin de optimizar recursos y atender las necesidades y demanda reales de los centros". Pese a ello, insiste que el proceso no ha concluido y que en la resolución final se atenderán las circunstancias de cada centro y sus alumnos.