Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y USO, con representación en la Universidad de Extremadura (UEx), han criticado la "situación de discriminación" que, en su opinión, atraviesa el personal de esta institución universitaria al no haber podido "beneficiarse" en enero del adelanto de la extra de junio.

El representante de USO en la Uex, Francisco Javier Cebrián, ha anunciado que los sindicatos van continuar con la "línea" desarrollada por las centrales sindicales de trabajadores públicos a nivel nacional y van a presentar cuatro "reclamaciones", dos de tipo contencioso administrativo referidas a los funcionarios de la Uex, y dos conflictos colectivos, en relación al personal laboral de ésta.

En ambos casos, ha explicado que ha ofrecido en Badajoz junto con representantes de CCOO, UGT y CSIF, pedirán "recuperar la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012" y "subsidiariamente, si eso no se consiguiera, que devolvieran a todos los empleados públicos de la Universidad de Extremadura la cuantía del devengo" de la misma desde la entrada en vigor -- el 15 de julio -- del real decreto 20 de 2012 por el que se suprimió la extra de Navidad.

Cebrián ha avanzado que, en el caso del primer tipo de reclamación y como "vía previa", los presentarán ante la propia Uex, y que, "cuando ya conteste" de forma "negativa" o si "no" recibieran "contestación alguna", en un plazo máximo de tres meses acudirán a la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Respecto a los conflictos colectivos, ha incidido en que promoverán en primer lugar un acto de mediación con el Servicio regional de mediación de la Junta de Extremadura, y que, "si no hay acuerdo de conciliación", los presentarán ante la Sala de lo Social del TSJEx.

A este respecto, Joaquín Garrido, de UGT, ha apostillado que otra "medida que está pasando un poco desapercibida" es que se están intentando crear mesas técnicas en el Gobierno de Extremadura "para tratar de recuperar la paga extraordinaria técnicamente hablando", pero que "no se crea en la Universidad de Extremadura".

La Uex "está exenta de esa circunstancia, aquí no se ha tratado nunca en mesa negociadora con los representantes sindicales el tema del posible anticipo o la imposibilidad de abonar ese anticipo", ha afirmado, para añadir que "tampoco se ha hecho ni se ha creado ninguna mesa técnica paralelamente a la que está haciendo la Comunidad Autónoma de Extremadura, que pudiera también agotar esa vía para poder recuperar la paga extraordinaria en la Universidad".

De este modo, ha sostenido que el personal de la Uex está "en una situación de discriminación total" y que la "vía jurídica" es la "única común" que tienen con el resto de empleados públicos de la región, al tiempo que ha sumado que desde la Universidad extremeña "ni siquiera se ha pronunciado claramente el por qué no se aborda ese anticipo".

En este sentido, el representante de CCOO en la Uex, Francisco Llera, ha recalcado que el Gobierno extremeño ha transferido recientemente 11 millones de euros de los 20 millones que "debe" a la Universidad, pero ha aseverado que hasta la fecha "no han transferido la nómina de enero", por lo que la deuda actualmente sería, según sus datos, de 18 millones de euros.

No obstante, Joaquín Garrido ha indicado que las transferencias entre el Gobierno regional y la Universidad "nunca han sido puntuales" y que "siempre ha habido un desfase", ante lo cual ha expuesto que no pueden basarse "en ese desfase en las transferencias para justificar que no se haya abordado el tema del anticipo de la paga extraordinaria" en la UEx, cuando, "además" la Comunidad Autónoma puso encima de la mesa" el "dinero" para ello.

"Los más de 3.000 empleados públicos de la Universidad de Extremadura merecen el respeto y ese trato igualitario y nosotros queremos denunciar desde aquí la utilización que se estaba haciendo y que se está haciendo de los empleados públicos de la Universidad con el anticipo de las pagas extras como instrumento de juego político, y de lucha y de guerra de cifras entre lo que se debe y lo que no se debe, y lo que se recorta y no se recorta", ha apuntado.

A renglón seguido, Garrido ha exigido que "se adopten las medidas y mecanismos para que ese acuerdo se pueda hacer extensivo de los funcionarios de la Junta de Extremadura a los empleados públicos de la Universidad", mientras que la representante de CSIF, Marta Vázquez, ha confiado que el Gobierno "tome note y rectifique" sobre el real decreto 20 de 2012, que ha tachado de "norma inconstitucional".