La Asociación Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Panacex) informó ayer de que la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo ha concluido que la Junta de Extremadura vulneró el derecho comunitario con los Decretos 192/2005 y 160/2010 de autorización de parque eólicos.
En un comunicado, Panecex, que formuló una denuncia ante el Parlamento Europeo en el año 2011, ha puesto de manifiesto que la Comisión "considera que, al no presentar los mencionados decretos, antes de su aprobación, a la evaluación ambiental estratégica en virtud de lo dispuesto en la Directiva EAE, España ha incumplido sus obligaciones en virtud de dicha Directiva". En consecuencia, la Comisión remitió un escrito de requerimiento, notificado a España el 26 de abril de 2013, "por el que se ha invitado a las autoridades españolas a presentar sus observaciones".
A la vista de la evaluación de estas observaciones, la Comisión adoptará las medidas adecuadas para garantizar la correcta aplicación de la legislación comunitaria en este caso.
MEDIDAS En este sentido, Panacex ha defendido la necesidad de suspender cautelarmente la totalidad de las autorizaciones, "hasta tanto no exista la necesaria seguridad jurídica derivada de una correcta evaluación ambiental estratégica del territorio que posibilite una explotación racional de tal energía compatible con el respeto al Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura".
De no ser así, ha agregado el presidente de Panacex, Ramón Rodríguez, se corre el riesgo "de que todos los españoles vuelvan a pagar cuantiosas indemnizaciones por anulación de autorizaciones o desmantelamiento de polígonos eólicos en los tribunales".
