La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) no descarta acudir a la vía penal por un delito de prevaricación si no se ejecuta la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal el complejo turístico Marina Isla de Valdecañas.

La abogada de Adenex y miembro de la asociación, María Ángeles López, ha manifestado en declaraciones a Efe, que los técnicos y el Gobierno que aprobaron el Proyecto de Interés Regional en 2007 y que para ello luego modificaron la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio extremeño en 2010 y 2011 "lo hicieron en contra de la Ley".

El Supremo ha desestimado los recursos presentados por la Junta de Extremadura, la entidad Marina de Valdecañas S.A. y los ayuntamientos cacereños de El Gordo y Berrocalejo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que ya consideró ilegal el complejo turístico porque está ubicado en una zona Red Natura 2000 de protección ambiental.

El Supremo argumenta que la jurisprudencia, puesta en relación con la normativa comunitaria europea sobre protección ambiental, establece que cuando unos terrenos están sujetos a algún régimen especial de protección sectorial resulta preceptiva su exclusión del desarrollo urbano y su clasificación como suelo no urbanizable.

Para López la sentencia "es muy clara" y "deja en evidencia que el recurso no tenía fundamento ninguno" y que ahora lo que toca es estudiar como se va a ejecutar la misma y en qué plazos.

En el caso de que se incumpliese la ejecución y los lazos no fuesen razonables es cuando Adenex se plantearía, como ya había anunciado antes de darse a conocer el fallo del Alto Tribunal "acudir a la vía penal".

En cuanto a las manifestaciones del Gobierno de Extremadura de la intención de acudir al Tribunal Constitucional, López ha dicho que "no se sostiene" y recalca que el Supremo aplica normas estatales y europeas y que el recurso del gobierno regional "es una tapadera que a través de normas genéricas intentaba recurrir normas autonómicas".