Tras ocho años de lucha judicial, el Tribunal Supremo zanja la polémica y obliga a devolver a su estado original la Isla de Valdecañas, en los municipios cacereños de El Gordo y Berrocalejo. Dos fallos del Alto Tribunal confirman la ilegalidad del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas construido en la zona, que ya había sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el 2011. Así, el tribunal ordena la "reposición los terrenos", donde se ubican un campo de golf, un puerto deportivo, 185 villas de lujo y un hotel, a la situación anterior al proyecto y anula el decreto por el que la Junta de Extremadura autorizó el complejo turístico.
El Supremo desestima los recursos presentados por la Junta de Extremadura, la entidad Marina de Valdecañas S.A. y los ayuntamientos cacereños de El Gordo y Berrocalejo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que ya consideró ilegal el complejo turístico porque está ubicado en una zona Red Natura 2000 de protección ambiental. El Supremo argumenta que la jurisprudencia, puesta en relación con la normativa comunitaria europea sobre protección ambiental, establece que cuando unos terrenos están sujetos a algún régimen especial de protección sectorial resulta preceptiva su exclusión del desarrollo urbano y su clasificación como suelo no urbanizable.
Sin embargo, el Gobierno regional anunció en la tarde de ayer que va estudiar impugnar esta decisión ya que la urbanización de estos terrenos protegidos se llevó a cabo tras la aprobación unánime en la Asamblea del complejo como Proyecto de Interés Regional en abril del 2007 y para ello modificó posteriormente, en 2010 y 2011, la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio extremeña. Fue Adenex y Ecologistas en Acción quienes impugnaron dicho decreto porque "es uno de los proyectos especulativos ligados al ladrillo y con impacto en el territorio" que se vendían "bajo el mantra del empleo y el progreso", señalan, y llevaron el caso ante el TSJEx, que les dio la razón y en 2012 obligó a paralizar las obras ante una fianza de 41 millones de los ecologistas. Ahora el Supremo valida todos los argumentos empleados por el tribunal extremeño al subrayar que explica de forma pormenorizada por qué debe considerarse insuficiente la motivación del decreto de aprobación del proyecto. En ese sentido, destacó la falta de motivación en lo relativo a su incidencia socio-económica y al cambio de clasificación de terrenos que son suelo no urbanizable especialmente protegido incluidos en la Red Natura 2000 --en la Zepa (Zona de Especial Protección de Aves) Embalse de Valdecañas y en el LIC (Lugar de Interés Comunitario) Márgenes de Valdecañas--.
LA JUNTA IMPUGNARA Tras conocer las sentencias ayer, las reacciones no se hicieron esperar. El Gobierno regional defendió la legalidad del complejo y aseguró que estudia impugnar ante el Constitucional la decisión del Supremo con el fin de agotar todas las vías que establece el ordenamiento jurídico. La base, indicó, es que las modificaciones de la ley de suelo hacen viable este proyecto, ya que esta reforma ampara las actuaciones realizadas y las legaliza, lo que "obvia" el Supremo, según la Junta. Precisó que la base de la impugnación es la vulneración del principio de legalidad consagrado en el artículo 9.1 de la Constitución Española y para demostrarlo, está analizando las diferentes sentencias del Supremo en las que la innovación del procedimiento como causa de imposibilidad legal en casas similares a los de Valdecañas.
Así, el Gobierno de Extremadura pretende evitar la posible quiebra del principio de legalidad que dicha sentencia pudiera ocasionar así como defender los intereses económicos y sociales de Extremadura. Y es que esta decisión afecta a la zona en la que se asienta. El alcalde de El Gordo, Elías Correas, manifestó ayer que la destrucción del complejo turístico sería "la muerte económica de la comarca", ya que da trabajo a unas 300 personas y ha logrado incrementar la población de apenas 200 habitantes. "Es una desgracia porque muchas familias viven de esto", insistió.
VARA, POR EL EMPLEO Por su parte, el secretario general del PSOE, Guillermo Fernández Vara, mostró ayer su respeto por los fallos del Supremo pero aseguró que sigue defendiendo los empleos que conlleva el complejo. "Defendí y defiendo ese proyecto porque tenía y tengo la responsabilidad de 160.000 parados y 70.000 ciudadanos sin prestaciones", publicó en Twitter. Señaló que es un firme defensor del medio ambiente y que no se quedará "cruzado de brazos mientras asiste al desguace de su tierra".
Desde Ecologistas en Acción aplaudieron ayer la sentencia, aunque empañada por la lentitud de la justicia que ha provocado que parte del complejo esté ya construido, y recordaron que miembros del colectivo han sido "atacados y amenazados" e incluso han tenido que abandonar sus lugares de residencia por denunciar junto a Adenex "este proyecto ilegal y este modelo de desarrollo para la zona, convencidos de que existen otras iniciativas que realmente supongan una alternativa sostenible para la zona". La sentencia del Supremo "confirma que no todo vale" y Ecologistas en Acción "seguirá trabajando por un mundo rural vivo donde quepan proyectos verdaderamente sostenibles".
