Alrededor de 2.700 contratos sumergidos han aflorado en Extremadura hasta finales de octubre detectados por la Inspección de Trabajo, lo que representa una subida del 19% respecto al mismo periodo del año anterior.
El fraude se da fundamentalmente en el sector servicios y en la construcción, según explicó ayer la directora general de Trabajo de la Junta, Sandra Pacheco, tras la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo en Extremadura, un órgano bilateral en el que están representados la Administración regional y el Ministerio de Trabajo a través de los inspectores.
Extremadura cuenta con un inspector por cada 8.000 trabajadores, con ocho inspectores y nueva subinspectores en la provincia de Cáceres y 15 inspectores y 13 subinspectores en la de Badajoz. "En términos generales la actividad inspectora subirá en 2016 respecto a 2015", precisó Pacheco, quien destacó la "buena colaboración" entre las administración para mejorar el mercado laboral.
En la comisión de ayer se abundó en los objetivos que marcarán las actuaciones para el próximo año de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, unas "líneas fundamentales" como la lucha contra el fraude, sobre todo en los supuestos de contratación a media jornada que en realidad son a jornada completa. Además, se pondrá el foco en la prevención de los riesgos laborales, tras subir la siniestralidad en Extremadura en los últimos años, tratando de que se cumpla la ley, la vigilancia de la salud laboral y se investigarán los accidentes aunque sean de carácter leve.
Por todo ello se mantendrá el convenio entre administraciones para la lucha contra el fraude y la economía sumergida, aunque se especificará en el nuevo contenido que los controles del convenio no irán destinados tanto para la "persecución" de desempleados, "sino en el control del fraude en la contratación", según la directora general. "Si estamos intentando crear empleo, que ese empleo que se cree sea de calidad a través de asegurar los derechos y condiciones de los trabajadores", dijo.
