Más de tres décadas después de que se reclamara por vez primera y con dos estatutos de autonomía y nueve legislaturas de por medio, la deuda histórica extremeña sigue sin tener una cifra. En este tiempo ha sido utilizada en multitud de ocasiones como arma arrojadiza entre los partidos políticos extremeños, los mismos que hace dos años fueron incapaces de acordar cuestiones tan básicas como su propio concepto o el proceso de negociación que debía seguirse. Ni tan siquiera es seguro que los 120 millones que el Ministerio de Hacienda se comprometió a abonar el pasado jueves a la región entre 2016 y 2018 correspondan a este concepto (dependerá de que se llegue o no a un acuerdo en la comisión mixta). Estas son algunas de las claves de la deuda histórica extremeña.
I ¿CUAL ES EL ORIGEN DE LA EXPRESIÓN Y A QUE HACE REFERENCIA?
La expresión deuda histórica la popularizó en Andalucía Luis Carlos Rejón, quien fue coordinador regional de IU a finales de la década de los ochenta y principios de la de los noventa. Con ella hacía referencia al déficit de inversiones que presentaba la comunidad andaluza en relación al resto del Estado cuando empezó el proceso de descentralización autonómico y a la compensación que se debía recibir por ello. No obstante, ya había sido empleada con anterioridad por otro diputado del parlamento andaluz, en este caso de Alianza Popular, José Ramón del Río.
II ¿QUE OBLIGA AL GOBIERNO A REALIZAR ESTA COMPENSACIÓN?
La reclamación para paliar el déficit de inversiones había sido incluida en el Estatuto de Andalucía aprobado en 1981. En esta misma línea, dos años después el Estatuto extremeño --con rango de ley orgánica-- recogía la obligación de que el Estado compensase económicamente la situación de atraso de la región respecto a otras comunidades. "Mientras las circunstancias socioeconómicas de Extremadura impidan la prestación de un nivel mínimo en alguno o algunos de los servicios efectivamente transferidos, los Presupuestos Generales del Estado consignarán ... unas asignaciones complementarias para garantizar la consecución de dicho nivel mínimo, entendiéndose por tal el nivel medio de los mismos en el territorio nacional", señalaba en una disposición adicional. Casi tres décadas más tarde, en el 2011, la nueva norma institucional básica extremeña volvía a incidir en la cuestión y, esta vez, ponía un plazo límite, de año y medio, para fijar sus "criterios, alcance y cuantía". La realización de los acuerdos habría que realizarla, además, en el plazo de tres años a partir de la aprobación del citado texto. Plazos ambos que se incumplieron.
III ¿COMO SE CALCULA EL IMPORTE QUE SE DEBERIA PERCIBIR?
En 1998 PSOE y PP aprobaron una resolución en la Asamblea que fijaba el mínimo de la compensación en 300,5 millones de euros. La estimación realizada por un grupo de expertos de la Uex multiplicaba por más de cuarenta esta cifra y la situaba en los 14.000 millones de euros. Así que la horquilla es amplia.
En el caso andaluz se cifró este concepto en 1.402 millones de euros. Aquí la reivindicación se había concretado en las deficiencias que existían en tres ámbitos en los que se cedieron las competencias: la educación, la sanidad y la vivienda. Y se hizo la suma de las carencias en cada uno de los tres para obtener el total. Por ejemplo, en el caso de la vivienda se tomó como referencia una fecha, la del 31 de diciembre de 1982, y dos estimaciones, la del déficit de viviendas de protección oficial respecto a la media (5.822), y las que presentaban deficiencias básicas (otras 115.702). De estas variables salió un cálculo: 617,1 millones de euros. Lo mismo se hizo con la sanidad (camas de hospital) y educación (aulas).
Calculando de forma proporcional lo que le correspondería a Extremadura a partir de la cifra recibida por Andalucía y tomando únicamente el criterio poblacional, el montante rondaría los 150 millones de euros, pero el cálculo puede realizarse con otras variables, como la dispersión poblacional, la extensión o el Producto Interior Bruto (PIB).
En el 2014 el Gobierno de José Antonio Monago pactó con el Ejecutivo central que se abonasen a la región 430 millones de euros (en marzo de este año se anunció que aumentarían en 17 más), si bien no llegó a firmarse la cifra total con el ministerio. "Ya hay acuerdo", anunció no obstante el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en una intervención en el Senado. En agosto pasado, Guillermo Fernández Vara aseguró que estos 430 millones eran "una mentira, otra más", del PP. Así que, 32 años después de aprobarse el Estatuto de Autonomía, sigue sin tenerse una cuantificación exacta de lo que es la deuda histórica con Extremadura.
La consejera de Administración Pública y Hacienda, Pilar Blanco-Morales, aseguró el pasado jueves que la Junta de Extremadura impulsará un grupo de trabajo a través del cual buscará un "criterio consensuado" de todas las formaciones parlamentarias en la región en materia de deuda histórica, para plantearlo posteriormente en la comisión mixta Estado-comunidad autónoma que fijará la "cuantía, alcance y criterio" de dicha cuestión.
IV ¿QUE ES LO QUE SE HA COBRADO YA EN EXTREMADURA?
Extremadura ya ha recibido cuatro anticipos en concepto de deuda histórica. El primero de ellos hace ahora cerca de dos décadas, en 1996, cuando el Gobierno que entonces presidía José María Aznar abonó 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros). Los siguientes pagos fueron de 20 millones de euros y llegaron en 2012 y 2013, a los que se sumaron otros 40 el año pasado. Los tres aparecieron contemplados en los Presupuestos Generales del Estado, como el previsto para el 2015, que sería de otros 40 millones de euros, aún pendientes. Si a estas cantidades se le sumasen los 120 millones acordados esta semana, el total percibido en el horizonte de 2018 sería de 270 millones de euros. Hasta hora, todo lo recibido por Extremadura ha sido en dinero en efectivo. En el caso andaluz, de los 1.402 millones se restaron las entregas a cuenta, 420 millones de euros. Los restantes 784 se pagaron en especie, mediante participaciones accionariales en la sociedad estatal encargada de gestionar los activos de la Exposición Universal de 1992 y diferentes bienes inmuebles.
V ¿EN QUE SE GASTA LO RECIBIDO POR ESTE CONCEPTO?
Los 20 millones de euros recibidos en el 2012 se destinaron a cumplir el compromiso que había adquirido el Gobierno del PP con IU para realizar gastos sociales, como programas de atención a la dependencia o a personas que no reciban prestaciones por desempleo. En el caso del importe firmado esta semana, se dedicará a inversiones previstas en la región como la Plataforma Logística de Badajoz, las rondas de Badajoz y Cáceres o los proyectos de regadío.
