Los registros y posteriores detenciones en las sedes de UPA-UCE cogieron por sorpresa a todo el sector agrario. También al secretario nacional de la propia organización, el extremeño Lorenzo Ramos, que tuvo conocimiento de la operación policial por la mañana, mientras trabajaba en la explotación agraria que posee en el municipio pacense de Valdelacalzada. «No sabemos por qué, de qué se nos acusa y tampoco qué es lo que están buscando», aseguró a este diario ya cuando los registros estaban a punto de finalizar.
Ramos se mostró desconcertado por lo ocurrido y tras remarcar que su organización está dispuesta a colaborar con la justicia, criticó «las formas» utilizadas por la Guardia Civil, presididas en todo momento por la falta de información.
«Nosotros no nos negamos a colaborar, pero las formas han sido un poco exageradas», afirmó el dirigente nacional en referencia al trato recibido y también al elevado número de agentes desplazados. Ramos reconoció que se había montado «un gran despliegue» y tras reiterar su desconocimiento acerca de las acusaciones que pesan sobre la organización, se preguntó por qué los registros se han llevado a cabo en Mérida, Badajoz, Plasencia, Talayuela y Coria cuando UPA-UCE tiene más de 20 sedes repartidas por toda la geografía extremeña. «Al menos deberían decirnos qué buscan, por qué en unas sedes sí y en otras no», dijo.
El sector, perplejo
No menos asombro que la propia afectada mostraron el resto de las organizaciones agrarias de la región por los registros y la posterior detención de parte de la directiva de UPA.
Desde Asaja Extremadura, Ángel García Blanco afirmó que todo ha sido «una auténtica sorpresa». En declaraciones a Efe, reconoció que «no es agradable» ver detenidos y esposados a los responsables de una organización agraria y que no es buena la imagen que se da a la sociedad acerca de las organizaciones profesionales agrarias. «Cuanto antes se ponga luz en el asunto mejor», dijo.
Juan Metidieri, responsable de Apag Extremadura Asaja, coincidió con García Blanco en subrayar su sorpresa por los hechos. Tras reiterar que desconocen los motivos de la investigación, abogó por una acción rápida de la justicia.
Una petición que también hizo Juan Moreno, responsable de Coag, para que «la situación se esclarezca cuando antes por el bien del campo y de las organizaciones agrarias extremeñas».Moreno, que mostró su estupor ante los registros y las detenciones producidas, señaló que este tipo de situaciones, aunque finalmente se demuestre la inocenciade los arrestados, «siempre tienen consecuencias».
Así, abogó por que se esclarezca la situación cuanto antes, si bien consideró que aún no se pueden conocer las posibles repercusiones que la operación policial tendrá sobre la propia organización agraria o en el sector autonómico del campo, pues «las cosas se saben cómo empiezan, pero no cómo acaban», concluyó.
