Extremadura era más rica que Cataluña en 1850, aportando el 4,7% de la población y el 5,2% del PIB al conjunto de España. Sin embargo, luego llegaron los apoyos a la industria catalana en la segunda mitad del siglo XIX y después con la dictadura franquista, localizando allí uno de los polos de desarrollo con más inversión. Ello hizo que se generaran grandes diferencias entre las regiones españolas primadas como Cataluña, País Vasco y Madrid, que recibieron millones de inmigrantes de Andalucía, Extremadura, Murcia, o ambas Castillas.

En esos procesos han radicado las desigualdades geográficas que se han ido consolidando a lo largo del tiempo, y que han dado lugar, tras la aprobación de la Constitución, al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), destinado a la cohesión de la regiones menos favorecidas, y su utilización en manos de las élites catalanas como impuesto por el que «España nos roba».

Dicho, lo anterior, cabe señalar que los catalanes no pagan más que nadie, sólo que como son muchos y más ricos aportan más a las arcas públicas, que el Estado redistribuye de las regiones más desarrolladas, incluida Madrid, a las más desfavorecidas para cumplir con los preceptos constitucionales: «El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español».

Ahora bien, si Cataluña se independizase de España, al ser contribuyente neto, cambiarían mucho las cifras de las balanzas fiscales, en las que Extremadura es la mayor receptora de fondos por habitante. Lo natural es que la disponibilidad de recursos transferidos al gobierno autónomo de Extremadura para sanidad, educación, infraestructuras, etcétera, se viese reducida aproximadamente en una cuarta parte del total, con las implicaciones para el mayor empobrecimiento de esta región y el aumento de las desigualdades sociales.

Los extremeños acelerarían de nuevo los procesos migratorios que nunca cesaron, aunque disminuyeran su intensidad, a pesar de las ayudas del Estado español y de los Fondos Estructurales y de Cohesión de la Unión Europea. Se consolidaría la fase de dependencia exterior de la economía extremeña, pero con una capacidad de subsidiación inferior, y con menos fondos para equipamientos públicos que garantizan la igualdad de oportunidades. Sería un escenario terrible para Extremadura, por lo que confío en el entendimiento de todas las partes para seguir con la convivencia y estabilidad que nos beneficia a todos, incluidos los catalanes que tienen su mercado cautivo en el resto de España. Si se van ellos también pierden su cuota de beneficio al reducir sus exportaciones. Sería el peor escenario para España y para Cataluña.

* Profesor de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Extremadura