A lo largo de 2017 en España fallecieron 38.000 dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. Supone más de 100 personas cada día. «No significa que murieran por esta causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones». Es la principal conclusión del último análisis del Observatorio de la Dependencia, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Más datos que lanzan desde esta entidad: en este momento, el 24,51% de los dependientes no recibe ninguna prestación, aun cuando tienen pleno derecho a las mismas. Esto afecta a 310.120 personas y a sus familias. Además, hay 120.000 a la espera de valoración. Asimismo, el 38,81% de los desatendidos (que suman 120.378), son dependientes con grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado.
La radiografía que hace este observatorio estatal evidencia las consecuencias que han supuesto los recortes en materia de dependencia, que no deja de ser un servicio social básico de la sociedad. La disminución de la financiación a las comunidades por parte del Gobierno central desde julio de 2012 -cuando se aprobaron los nuevos parámetros- hasta diciembre de 2017, supone ya una cifra acumulada de 2.700 millones de euros de quebranto para las arcas autonómicas.
El análisis concluye: «Sigue sin evaluarse el impacto negativo de género que puede tener la feminización de los cuidados en la medida en que no son una libre elección y las cuidadoras familiares han perdido el apoyo que conllevaban las cotizaciones a la Seguridad Social». REDACCIÓN
