En Garrovillas: 601 euros por «grabar el pleno»

En el pleno del Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar se vivió uno de los episodios de la llamada ley mordaza en Extremadura. Ocurrió en septiembre de 2015, cuando estaba casi recién estrenada la nueva normativa. Se propuso una sanción de 601 euros a un vecino (aunque recurrió) por grabar un pleno municipal y otros varios fueron expulsados de la sesión ordinaria. El argumento: «Perturbar la seguridad ciudadana en actos multitudinarios», según figuraba en el expediente abierto. Esa propuesta de sanción se recoge en el artículo 36 de la polémica ley y se considera infracción grave (las multas en este caso van desde los 601 a los 30.000 euros).

Asimismo, en el acta de aquel pleno se recogía: «La grabación solo se realizará por las personas expresamente autorizadas, ordenando a aquellas que no tienen autorización abstenerse de hacerlo, ordenando a los servicios policiales la expulsión de aquellas que hicieran caso omiso de la orden».

El alcalde de la localidad, Cándido Gil Pizarro, de la Plataforma Socialista Democrática de Garrovillas (PSDG), reconoció que mandó que se desalojara el pleno, pero también añadió: «Nunca jamás se ha prohibido en el Ayuntamiento de Garrovillas grabar, ni antes ni ahora».