De Plasencia a Monesterio y de 1959 a 1981, en Extremadura se llevaron a cabo exhumaciones de fosas y nichos en 19 enclaves para trasladar los restos al Valle de los Caídos. De esos enterramientos proceden los cuerpos los 261 extremeños que figuran en el registro del Ministerio de Justicia, depositados en el monumento que Franco ordenó erigir «para perpetuar la memoria de los caídos» (según el decreto del 1 de abril de 1940, justo un año después del fin de la guerra civil) y en el que más tarde fue también enterrado el dictador, a pesar de que su muerte fuera ajena (y alejada) de la contienda.
Apenas se conserva documentación que permita conocer los pormenores de este episodio (sobre todo en la provincia de Badajoz, donde la represión fue mayor) y las investigaciones al respecto son «casi inexistentes», según reconoce Juan García Pérez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura que está llevando a cabo un trabajo sobre las exhumaciones en la provincia de Cáceres.
«Lo primero que hay que puntualizar es que aunque se hable de que son 261 extremeños, lo correcto es referirse a 261 cuerpos procedentes de Extremadura», matiza el experto, que ha podido contrastar que buena parte de los cadáveres que se enviaron a Cuelgamuros eran combatientes procedentes o residentes en otras provincias que estaban en alguno de los frentes de la región o que habían sido detenidos aquí.
Además, aunque el monumento fue inicialmente concebido para honrar la memoria de los «héroes» del frente nacional «cabe suponer que la inmensa mayoría, si no la totalidad» de los restos que se trasladaron sin identificar, correspondían «a republicanos o socialistas», según el experto. 129 de los 261 cuerpos enviados desde la región no tenían nombre, según los datos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura.
La cuestión es que a finales de los años 50, casi dos décadas después de que se iniciara la construcción del Valle de los Caídos, la represión de la dictadura se había suavizado. «Ya no es la dictadura brutal de finales de los años 30 y 40 y ahora está interesada en abrirse al exterior, tener reconocimiento internacional y buena imagen», explica Juan García. De ahí que el monumento que se concibió inicialmente para rendir homenaje a los caídos del bando franquista se abriera más tarde a albergar los restos de víctimas de ambos bandos (aunque sean más los del bando franquista allí).
Aún así «muchos restos que se trasladaron de fosas comunes eran represaliados del franquismo, que se llevaron a Cuelgamuros sin permiso de los familiares y sin informarles de la operación», señala el catedrático. De hecho, los propios alcaldes tomaban la iniciativa con el ánimo de retirar de sus pueblos esos enterramientos colectivos.
Frente a eso, los caídos del bando nacional, salvo una minoría, estaban generalmente bien identificados y enterrados y «la inmensa mayoría de sus familiares ni pidieron ni autorizaron el traslado porque no querían moverlos de los cementerios de sus localidades», dice el investigador de la Uex.
Durante dos décadas
En un decreto ley de 1957, el Ministerio de la Gobernación aprobó la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (en ese documento ya se habla de un «monumento a todos los caídos» como ejemplo de «una política guiada por el más elevado sentido de unidad y hermandad entre Españoles») y activó la cadena de mando para gestionar todo el proceso de traslados, que se organizó a través de varias circulares entre 1958 y 1959. En ellas se concretaba, por ejemplo, el modo de proceder: para la exhumación y el traslado de los enterramientos individuales en los cementerios se requería el consentimiento expreso de las familias, y en el caso de las fosas, se requería igualmente que en aquellos casos en los que los restos estuvieran identificados (lo que no siempre sucedía) se contara con autorización de las familias.
En esa misma circular se solicitaba a los gobernadores civiles (en esos momentos, Joaquín López Tienda en la provincia de Badajoz y Licinio de la Fuente en Cáceres) que señalaran la ubicación de los enterramientos que serían susceptibles de ser trasladados y se ocuparan de llevarlo a cabo. Los gobernadores civiles solicitaron a su vez la colaboración de alcaldes y las autoridades relevantes de cada municipio (Guardia Civil, párroco, médico...) y vez remitieron al Gobierno Civil peticiones de sus vecinos para que enviaran a los gobernadores de otras provincias solicitudes para encontrar a sus familiares. Pero la información normalmente era muy vaga y lo normal es que ese tipo de búsquedas no dieran resultados.
La inauguración del Valle de los Caídos se produjo el 1 de abril de 1959, ya con restos de 8.746 víctimas en las Criptas de la Basílica. En ese momento ya se habían llevado a cabo la inmensa mayoría de los traslados desde Extremadura (el grueso se realizo hasta finales de marzo de 1959), aunque hubo más durante las dos décadas siguientes. Las últimas urnas salieron de Torremejía en 1981.
El total yacen en el Valle de los Caídos los restos de 33.833 personas procedentes de 491 fosas y cementerios de todas las provincias de España salvo A Coruña, Ourense y Santa Cruz de Tenerife. De ellos, 21.423 están identificados (hay 203 mujeres) y 12.410 son de desconocidos. En el caso de Extremadura, se exhumaron en total fosas y nichos (los menos) en 19 localidades y en ellos se encontraron 261 cuerpos: 114 en la provincia de Badajoz y 147 en la de Cáceres. Entre las víctimas hay únicamente una mujer, Filomena Martínez Mordillo, trasladada desde Miajadas.
Los traslados de restos realizados desde Extremadura tuvieron como origen 13 localidades de Badajoz y 6 de Cáceres (se pueden ver en el mapa adjunto las localizaciones) y el más numeroso fue el Logrosán, con 71 personas, «probablemente porque en la zona de Logrosán estuvo durante mucho tiempo uno de los frentes de la guerra civil», apunta el catedrático. Le siguen Badajoz (63) («otra de las zonas con una represión brutal», añade García Pérez), Trujillo (49), Quintana de la Serena (18), Herrera del Duque (10), Cáceres (9), Villar del Pedroso (7), Miajadas (6) y Torremejía (6). Le siguen Monterrubio de la Serena (4) y Campillo de Llerena (4), Nogales (3) y Valdelacasa de Tajo (3), Plasencia (2) y Peñalsordo (2), y Zalamea de la Serena (1), Villafranca de los Barros (1), Azuaga (1) y Monesterio (1).
Torremejía, 1981
Aunque la mayoría de las urnas con restos salieron de la región en 1959, en el caso de Trujillo aparecen envíos también en 1967, seguramente a raíz de otra circular del año 1963, en la que se recuerda que la normativa para trasladar restos al Valle de los Caídos se mantenía en vigor, y se animaba trasladar a más víctimas ante el gran «renombre» y la «devoción» que suscitaba la basílica.
El caso de Torremejía, que traslado los restos de seis cuerpos de una fosa común en 1981, es distinto. Allí fue por iniciativa municipal, tras un acuerdo del pleno en 1979, por el que se excavaron dos fosas en la localidad. En la primera había 33 víctimas que habían sido fusiladas en 1936 y fueron enterradas en el cementerio local, mientras que los restos de la segunda fosa, con seis personas, recibieron sepultura en el Valle de los Caídos en junio de 1981.
