La creación de un censo de víctimas y de un mapa de fosas; el derecho a la localización, identificación y sepultura digna de las personas desaparecidas, indemnizaciones para víctimas de la represión franquista, sanciones de hasta 150.000 euros y la posibilidad de retirada de subvenciones públicas durante hasta cinco años. Estos son algunos de los aspectos que contempla la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, aprobada ayer en el Pleno de la Asamblea (último del año y en el que tomó posesión el nuevo diputado de Podemos José Luis Murillo) con los votos a favor de PSOE y Podemos; en contra de PP y el diputado no adscrito, Juan Antonio Morales, y la abstención de Ciudadanos; tras debatirse las casi 300 enmiendas presentadas (122 del PP, 116 de Podemos, 20 del PSOE y 34 del diputado no adscrito). La norma entrará en vigor a los seis meses de publicarse en el DOE.

Según figura en el texto, el objetivo de esta ley es «recuperar la memoria histórica en relación con las personas extremeñas que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de creencia religiosa, de género o identidad y de orientación sexual durante la Guerra Civil y la Dictadura». A este respecto, tienen consideración de víctimas «las personas desaparecidas y/o asesinadas como consecuencia de su defensa de la legalidad democrática frente al golpe militar y la dictadura franquista, las procesadas y condenadas a pena de muerte o ejecutadas en aplicación de la justicia militar, las que padecieron prisión, deportación, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración y colonias penitenciarias militarizadas o las que murieron o sufrieron privación de libertad a consecuencia de su participación en el movimiento guerrillero antifranquista», así como «las personas exiliadas, las que sufrieron incautación y pérdida de patrimonio por motivos políticos, los partidos, sindicatos y colectivos represaliados por el franquismo, las mujeres que fueron objeto de ultraje y humillación ejemplarizante, las personas que sufrieron represión a causa de su vida u orientación afectivo sexual así como de su expresión y/o identidad de género o los recién nacidos sustraídos y adoptados sin autorización»; es decir, los bebés robados.

A todos se les reconoce el derecho a la reparación integral, que incluye la ayuda jurídica, moral y económica; y rehabilitación, satisfacción e indemnización.

Para el PSOE, «estamos leyendo un página para poder luego pasarla»; el PP defendió que en el texto debían «figurar todas las víctimas sin distinción»; Podemos indicó que con esta ley se logra una «Extremadura más justa y democrática», mientras que el diputado no adscrito la tachó de «infame, totalitaria y antidemocrática.