Uranio, litio, zinc, wolframio, cobre, plata y oro son algunos de los motivos por los que las multinacionales mineras tienen los ojos puestos en Extremadura, donde hay 230 solicitudes en distintas fases de tramitación para horadar su subsuelo, según los datos de la Dirección General de industria Energía y Minas. De todas esas solicitudes más de la mitad corresponden a proyectos de investigación minera, los que autorizan a las empresas a realizar todas las actuaciones necesarias (entre ellas catas en el terreno) para verificar que existen los recursos y son susceptibles de aprovechamiento con garantías. En estos momentos 85 de esos permisos están en vigor y por tanto las empresas que los solicitaron están ya habilitadas para llevar a cabo las actuaciones sobre el terreno, y otros 62 «están en trámites», según confirman fuentes de la consejería. «Son procesos complejos, que pueden durar varios años y requieren mucha documentación», añaden.
Entre esos permisos ya aprobados está el que se concedió a finales del 2018 a la sociedad Qbis Resources para realizar trabajos de investigación en el yacimiento de Ansar, sobre una superficie de 286 cuadrículas mineras, situadas entre los términos municipales de Higuera de Vargas, Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Villanueva del Fresno y Zahínos. Se une a otros en marcha como el Valoriza Minería para Las Herrerías de Alconchel, para extraer oro, hierro y cobre o el de Mineral Exploration Network para extraer oro, antimonio y Wolframio en la zona de Logrosán. También estaría entre ellos el que autoriza a Tecnología Extremeña de Litio a buscar este metal en el término municipal de Cáceres (la zona de la antigua mina de Valdeflórez), aunque los trabajos están paralizados ahora por decisión municipal.
Junto a estos permisos (que constituyen el primer paso para poder optar después a la extracción), hay trámites abiertos para que otros 49 proyectos obtengan la concesión de explotación y por tanto las empresas puedan poner ya en marcha la extracción de ese recurso durante un plazo máximo de 30 años, prorrogable por otros dos períodos de 30 años, y con una extensión máxima de 100 cuadrículas. Hay 34 solicitudes que se están tramitando buscan además la extracción de áridos en distintos puntos de la región.
«Para que se conceda cada uno de los permisos es necesario que se apruebe el proyecto de investigación, el de exploración (otro tipo de permiso para hacer una investigación más superficial sobre el terreno) o el de explotación, junto con el plan de restauración y eso supone que el terreno debe quedar igual o mejor que como estaba antes de la actuación minera», explican desde el área de Industria. Esto es que, paralelamente al proyecto con las motivaciones de la empresa para llevar a cabo los trabajos de prospección o extracción, debe existir un plan para devolver al terreno a la situación original y para garantizar la seguridad en la zona tras realizar los trabajos.
