Las operaciones desarrolladas en Extremadura en contra del comercio y fabricación ilícitos de tabaco en los últimos tres años han supuesto incautaciones por valor de más de 73 millones de euros. Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Extremadura, las principales actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil en esta materia durante este trienio han permitido hacerse con 367.084 cajetillas y 366.205 kilogramos de tabaco en diversas formas (hoja, picado o semipicado). Esta última cifra multiplica casi por cuatro todas las ventas legales de picadura de tabaco contabilizadas en la región por el Comisionado para el Mercado de Tabacos en el 2017, último ejercicio con estadísticas cerradas, que no llegaron a los cien mil kilogramos.
En cualquier caso, también es cierto que lo abultado de estos datos está condicionado por dos operaciones que concentran la mayor parte del valor de todo el tabaco confiscado. Sobre todo por una, la Operación Pacote, que tuvo lugar en el 2017 y que se tradujo en la «mayor aprehensión de hojas de tabaco de Europa», se subraya desde la Delegación del Gobierno, con la incautación de 250 toneladas en diferentes municipios tanto de la provincia de Cáceres como de la de Badajoz, con un montante estimado de 40 millones de euros.
La investigación, en la que se detuvo a seis personas de la misma familia, constató la existencia de una organización asentada en el norte de Extremadura, que utilizaba una empresa de actividad legal dedicada a la venta de hoja de tabaco para camuflar la recepción y posterior venta de producción fuera de los cauces legales. Las plantas eran cultivadas en varias explotaciones propias, pero también por otros agricultores, mientras que la venta se realizaba a través de internet con posteriores envíos por paquetería o transporte por carretera.
En una segunda fase de esta misma operación, que se efectuó varios meses después, ya en el 2018, fueron detenidas 124 personas en 22 provincias españolas. La mayor parte de ellas regentaban importantes puntos de distribución y venta de picadura de tabaco. En ocasiones, estos puntos se situaban en los propios domicilios de los detenidos o eran establecimientos abiertos al público, como bares y kioscos, y en otras se comercializaba a través de internet.
La siguiente operación en cuantía es la Robust, realizada en Badajoz y Valencia en el 2016, que se saldó con cien toneladas de picadura de tabaco tasadas en 16 millones de euros. Igualmente, se intervinieron 1.866 maquinas para la manufacturación de productos del tabaco y maquinaria pesada para su secado, así como numerosos sacos que contenían sustancias químicas empleadas en el proceso de elaboración del producto final.
CAJETILLAS EN UNA FURGONETA / En cuanto a la incautación de cajetillas, casi todo lo intervenido en la región a lo largo de estos tres ejercicios se concentra de nuevo en una sola actuación: la que tuvo lugar en Badajoz a inicios de marzo del 2017. Fueron en total 356.000 los paquetes de diversas marcas que se aprehendieron tras interceptar la Guardia Civil un camión en una estación de servicio de la A-5, a la altura del término municipal de Badajoz. El valor estimado de los paquetes era de 1,5 millones de euros.
En este periodo también ha habido diferentes decomisaciones de mucho menor volumen. Algunas veces fue durante el transporte del producto, como las 2.500 cajetillas que había en una furgoneta interceptada en Calzadilla de los Barros en el 2017. Otras ha sido en pequeñas fábricas clandestinas (aquí es Badajoz capital la que concentra el mayor número de operaciones aunque las hay en otros municipios como Montijo o Puebla de Obando). Además, se han desmantelado distintos puntos de venta tanto clandestinos como ubicados en tiendas abiertas al público.
Compañías tabaqueras como Altadis han venido avisando en los últimos años del trasvase que se está produciendo entre el contrabando de cajetillas —que ha disminuido sensiblemente en la región desde el 2015— y el de hoja de tabaco picado. Un comercio ilícito que se produce tanto a través de internet como presencialmente. El cambio en el formato del contrabando vendría reflejado, se aduce, por el aumento de las aprehensiones realizadas en la región. En este sentido, de las 43 operaciones desarrolladas en estos tres años en la comunidad autónoma, el mayor volumen, 32 en total, supusieron exclusivamente la retirada de la circulación bien de hoja, bien de tabaco picado o semipicado. Además, los dos últimos ejercicios, 2017 y 2018, son las que concentran la gran mayoría de las actuaciones, con 29 en total.
Todo el tabaco que se vende fuera de los cauces establecidos, deja de tributar al Estado, pero además del perjuicio económico que representa para la arcas públicas, en el caso del de hoja conlleva siempre un riesgo añadido, el sanitario, ya que el producto no pasa ningún tipo de control (lo habitual es que las cajetillas ilegales no sean falsificadas, sino que hayan entrado de manera clandestina en el país, para eludir los impuestos, por lo que carecen de toda documentación y de las precintas fiscales preceptivas). En operaciones como la Robust pudo comprobarse cómo las tramas emplean, sin ningún tipo de control sanitario, productos químicos para mejorar el sabor y olor del tabaco.
Prueba de la inquietud que despierta este contrabando en la región fue la aprobación en el verano del año pasado por parte de la Junta de Extremadura de un decreto para garantizar la trazabilidad de la hoja de tabaco. Entre otros aspectos, recoge la obligatoriedad de que las transacciones de tabaco crudo, entre las fases de producción y primera transformación, se realicen a través de contratos por escrito entre las partes, estableciendo además el contenido mínimo de los mismos.
