La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, explicó a los representantes de los agricultores que el Ejecutivo central «busca soluciones», ya que «comparte sus reivindicaciones por unos precios dignos que garanticen la rentabilidad de las explotaciones». La delegada explicó que ya se llevan a cabo algunas modificaciones legislativas, como las relacionadas con el etiquetado de origen de los productos «de manera que se pueda saber de dónde proceden y evitar así la competencia desleal de otros países que producen con otras condiciones y precios». Asimismo, la UE trabaja en la puesta en marcha de una normativa, para la que ya hay acuerdo, que contempla la prohibición de las prácticas comerciales desleales, una norma con la se trata de «impedir que los productos de los agricultores se utilicen como reclamo o como engaño mientras no se les pague en tiempo y forma, y no haya una contratación que asegure esas relaciones comerciales», indicó García Seco.
