Cinco años de inspecciones aéreas con satélite y drones han dado como resultado la regularización de 144.000 inmuebles. El plan del Catastro contra el fraude ha logrado destapar errores de tributación en el 6% de las fincas rústicas y urbanas de la región, un porcentaje que coloca a Extremadura a la cabeza en el fraude del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Ampliaciones, reformas, nuevas construcciones o piscinas que no se han declarado al Catastro son las principales infracciones cometidas por los afectados, que han tenido que hacer frente a una tasa de 60 euros y ponerse al día en el pago del IBI.
El Plan de Regularización Catastral se puso en marcha en el año 2014 junto a la amnistía fiscal y su objetivo no era multar las construcciones ilegales, sino aflorar los inmuebles que no estaban tributando de forma correcta. Para ello, en estos cinco años se han llevado a cabo inspecciones periódicas desde el aire con satélite y drones, controles que no han estado exentos de polémica por los medios utilizados. El plan iba a concluir en 2017, pero por los buenos resultados obtenidos se aprobó su continuidad en el 2018. Así, se ha conseguido llegar a todos los municipios españoles, en el caso de la región 388.
Según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, en Extremadura se han inspeccionado un total de 2,28 millones de inmuebles y se ha logrado regularizar la situación de 143.998, de ellos 99.069 urbanos y 44.929 rústicos. Esto implica que el 6,3% de las fincas no estaban tributando de forma correcta, lo que coloca a la región a la cabeza en los resultados de este plan antifraude seguida de Andalucía (el 6,1% de los inmuebles inspeccionados estaba cometiendo fraude), Canarias (5,6%) y Valencia (4,1%).
En un 40% de los casos el fraude detectado obedece a una ampliación de la vivienda habitual que no se ha comunicado al Catastro (por ejemplo levantar un segundo o tercer piso), y en otro 40% a nuevas construcciones que no estaban abonando el IBI. En un 18% de los casos se ha hecho una reforma integral o cambio de uso del inmueble que afecta a su tributación (por ejemplo la adecuación de una casa antigua) y en el 2% restante el fraude se debe a la construcción de piscinas que no estaban declaradas.
Los propietarios afectados han tenido que hacer frente a una tasa de 60 euros (una especie de ‘multa’ que ha servido para financiar el plan) y ponerse al día en el pago del IBI, lo que implica actualizar la cuota incluyendo en el valor de la vivienda las construcciones no declaradas y hacer frente a los atrasos de los últimos cuatro años, ya que lo anterior se considera prescrito. Hasta el 2017, el impacto de este plan en la recaudación superó los 42 millones.
