Era una vieja demanda a la que desde la Administración regional pretenden poner coto: la proliferación de casas de apuesta y la cercanía de éstas a los centros escolares. De las más de 125 que existen actualmente, buena parte de ellas están próximas a colegios e institutos, lo que acrecienta el interés de los más jóvenes por apostar en las mismas.
Para regular este tipo de establecimientos cuando quieran instalarse en Extremadura --a los que ya están funcionando no les afecta el coto que se pone a la distancia entre éstas y los colegios--, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el decreto ley de Fomento del Juego Responsable, que establece, entre otras cuestiones, una distancia mínima de 300 metros de puerta a puerta entre los locales de apuesta y los centros educativos (incluidos los universitarios) de la región; y de 250 metros en los núcleos urbanos entre estos establecimientos entre sí.
El presidente del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, indicó tras la reunión que con esta norma dan cumplimiento al mandato de la Asamblea de Extremadura, que recientemente aprobó por unanimidad una iniciativa de Podemos en ese sentido.
Con esta nueva normativa se modifica la Ley del Juego de Extremadura de 1998 para abordar los problemas de ludopatía que pueden conllevar la proliferación de las casas de apuestas deportivas y el juego on line, sobre todo entre los menores y los colectivos más vulnerables.
LUDOPATÍA / Por ello, Vara explicó que los objetivos del decreto-ley son promover la protección de estos, evitar hábitos y conductas patológicas, garantizar la defensa de los consumidores o ponderar las repercusiones sociales, económicas y tributarias del juego.
Se trata, en definitiva, según dijo, de desarrollar una política integral de juego responsable que comprometa a la Administración y a las empresas autorizadas a promover acciones preventivas de sensibilización, intervención y control.
Especialmente relevante es la regulación de la distancia mínima de los establecimientos de juego de cualquier naturaleza respecto de los centros de enseñanza, además de fijar la distancia mínima entre establecimientos para evitar la concentración de locales de juego.
El decreto-ley prohibirá el acceso al juego a menores de edad; personas inscritas en el Registro de Limitaciones de Acceso (que voluntariamente soliciten su inscripción); directivos y accionistas de las propias empresas de juego; colectivos implicados en acontecimientos deportivos sobre los que se realice la apuesta; y funcionarios que ejerzan funciones de control e inspección.
El nuevo texto normativo establece un régimen de sanciones cuya recaudación revertirá en asistencia y demás actuaciones en esta materia.
Por lo que respecta a la publicidad, ésta debe estar regulada por norma estatal, en base a la Constitución, y respetar la protección de menores. Solo la podrán realizar empresas que cuenten con autorización administrativa y no podrá contener imágenes sexistas, xenófobas o discriminatorias.
La aprobación del decreto viene dada tras el acuerdo entre la Junta y la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura de buscar fórmulas para impedir la proliferación de este tipo de establecimientos y atajar el problema de la ludopatía entre los jóvenes (se estima que hay un 8% con síntomas de esta enfermedad).
Paralelamente a esta norma, desde la Junta se están llevando a cabo acciones formativas en colegios. Solo el año pasado se formó a unos 28.000 alumnos, 370 padres y a medio millar de profesores en los perjuicios que conllevan las apuestas.
