El Tribunal de Cuentas (TC) ha aprobado el informe anual de fiscalización de Extremadura relativo al ejercicio 2016, aunque advierte de un crecimiento del gasto sanitario por encima del PIB, de "deficiencias" en el control de subvenciones a entidades deportivas y de una "nula" ejecución de auditorías en las entidades del sector público.

Sobre este último punto, señala además que a 31 de julio de 2018 el grado de ejecución del Plan de Auditoría de 2017 se limitaba a un 59,7 por ciento.

En cuanto a las subvenciones concedidas a federaciones deportivas, tanto directas como nominativas, aprecia "deficiencias" en su control interno y respecto al régimen de justificación de las mismas, principalmente en relación con la admisión de determinados gastos, según ha informado el tribunal.

Y en materia sanitaria, apunta que pese a haberse aprobado el Plan de Eficiencia Farmacéutica del Servicio Extremeño de Salud, en diciembre de 2015, no se han realizado informes de seguimiento del mismo.

Al respecto, advierte de que el gasto sanitario de la comunidad creció en 2016 por encima de la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto a largo plazo de la economía española.

Por otra parte, a 31 de diciembre de ese año permanecían pendientes de resolver 576 plazas procedentes de las ofertas de los ejercicios 2010 y 2011.

Asimismo, existían 1.276 comisiones de servicios cuya duración excedía el límite temporal previsto en la Ley de Función Pública de Extremadura, mientras que 284 trabajadores obtuvieron la condición de indefinidos no fijos "sin la previa resolución judicial".

En este sentido, precisa que en la mayor parte de incorporaciones realizadas por empresas, fundaciones y consorcios "no se acreditan las razones de urgencia y necesidad que las fundamentan".

El informe del TC indica además que se mantienen las principales deficiencias en la gestión de ingresos en el ámbito de la Junta, así como un "deficiente seguimiento" de la gestión recaudatoria del patrimonio inmobiliario.

Respecto a las entidades del sector público, apunta que a 31 de diciembre de 2016 permanecían pendientes de formalizar 22 compromisos de desinversión en las empresas participadas por la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, por un importe conjunto de 17 millones de euros, cuyo vencimiento se había producido en ejercicios anteriores al fiscalizado.

En materia de estabilidad presupuestaria, el TC precisa que Extremadura incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria para 2016, al registrar un déficit del 1,69 % del PIB regional.

Por el contrario, cumplió los objetivos de regla de gasto -con una variación efectiva del 0,2 %- y de deuda, al alcanzar ésta un 22,8 % del PIB regional, lo que supone un importe de 4.059 millones de euros.

El incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria motivó la presentación de un Plan Económico Financiero que obtuvo la declaración de idoneidad, si bien las medidas aplicadas resultaron "insuficientes", al incurrir la Comunidad en el incumplimiento de los objetivos de déficit y deuda en 2017.

En cuanto a las recomendaciones, el TC apunta que se ha cumplido lo referente a la reestructuración del sector público autonómico, en el ámbito de sus fundaciones, así como la adopción de acuerdos para proceder a la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública de Extremadura y la aprobación de directrices para la incorporación del personal y para la contratación del personal temporal en las entidades dependientes.

Sin embargo, permanecen "pendientes de implantación" las restantes recomendaciones, entre las que cita las dirigidas a la modificación de la Ley de Hacienda regional, la concertación de un contrato programa para la prestación del servicio público de televisión y radiodifusión, y el desarrollo reglamentario de la Ley de Educación de Extremadura, del registro de cuentas y de los planes estratégicos de subvenciones.