La ley de contratos en vigor desde hace casi un año y la incertidumbre por el escenario electoral que se avecina, están condicionando la licitación pública en el inicio del 2019. Los datos reflejan que en el primer mes del año las administraciones públicas han sacado contratos por 75 millones en la región, aunque para el sector la situación es de «parálisis»; porque más de la mitad de esos millones corresponden a actuaciones relacionadas con la alta velocidad que acaban en manos de grandes empresas y en las que las firmas de la región únicamente ejercen (en el mejor de los casos) como subcontratas. A eso se une la lentitud con la que se están resolviendo los procesos en marcha.

Según los datos recopilados por la Federación de Provincial de Empresarios de la Construcción de Cáceres (Fecons), que monitoriza diariamente este tipo de procesos, en el primer mes del año se publicaron en los boletines oficiales licitaciones de obra pública por 75 millones de los que el grueso, 46 millones, corresponden al Ministerio de Fomento. «Son principalmente licitaciones de la alta velocidad, que tienen mucho peso en el volumen total», matiza Joaquín Sánchez, secretario general del colectivo. Por parte del gobierno central hubo además otras licitaciones (173.000 euros del Ministerio de Defensa y 1,4 millones de Correos) y 27 millones correspondieron a los entes regionales: 12,8 millonnes de la Junta de Extremadura (6,5 en licitaciones en la provincia de Cáceres y 6,3 en la de Badajoz), 12,5 millones de los ayuntamientos (4,8 en Cáceres y 7,7 en Badajoz) y solo 254.000 euros de la Diputación de Badajoz, mientras que la de Cáceres completó en blanco el primer mes del año. Además hubo licitaciones por un millón de euros de otros organismos como Canal de Isabel II.

«La sensación en el sector es que hay poca licitación y los trámites son muy lentos», señala Sánchez, que achaca principalmente a las administraciones más pequeñas la situación de parálisis en las licitaciones, no solo porque se publiquen menos, sino porque la resolución de las que están en marcha se demora en exceso con la actual tramitación electrónica.

«La tesitura no es nada halagüeña. Las cifras importantes durante el mes de enero están relacionadas con la alta velocidad, pero en otro tipo de obras la licitación es más bien escasa o nula», valora José Luis Iglesias, gerente de la Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Afines de Extremadura (Pymecon). A su juicio, aunque en muchos casos las empresas extremeñas actúan como subcontratas de las grandes operadoras que se quedan con estos proyectos, «son otros contratos de menor cuantía y dimensión, de lo que viven realmente las empresas de la región, y son esos contratos los que ahora no se están sacando», explica. «Las diputaciones, que son buenas licitadoras, no han sacado aún la obra que tenían que sacar y son precisamente esas obras las que más benefician a las empresas de la región. Ese tipo de licitaciones son las que tiran del sector en Extremadura», dice Iglesias.

La ley de contratos cambió el pasado mes de marzo, por lo que los datos recopilados en este mes de enero y los de enero del año pasado están distorsionados por los cambios que introdujo la nueva ley: básicamente, que todas las licitaciones se realizan desde entonces a través de una plataforma electrónica única para todas las administraciones (con el fin de mejorar la transparencia en este tipo de procesos) mientras que antes, muchos contratos de menor cuantía y especialmente de administraciones más pequeñas como ayuntamientos o diputaciones, no se publicaban en los boletines oficiales y por tanto no figuran en las estadísticas. Como consecuencia, no se pueden comparar los datos de un año y otro. Junto a ese factor, el arranque del 2018 fue especialmente movido en el sector, precisamente por el cambio legal que se avecinaba.

incertidumbre/ Paralelamente a la situación generada por la reforma normativa, el año ha comenzado con más incertidumbre por el largo escenario electoral que se avecina y el principal temor es que la situación se extienda hasta que se completen los dos procesos electorales previstos, lo que llevaría al segundo semestre del año. «O que los gobiernos que salgan decidan paralizar después proyectos con licitaciones en marcha», añaden desde Pymecon.