El Gobierno central aprobó el pasado marzo una medida, que estaba pendiente desde 2015, según la cual gran parte de las competencias del proceso de adopción se centralizarán en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Esto significa que tanto la acreditación de agencias encargadas de los trámites de una adopción como la apertura de nuevos países -o el mantenimiento de los acuerdos con los que ya existen- dependerán directamente del Gobierno central y no de cada comunidad, como venía ocurriendo hasta ahora y lo que suponía un embudo en muchos casos.
Este cambio normativo beneficiará a Extremadura porque actualmente en la comunidad solamente tiene sede la agencia Interadop, concretamente en Hervás (Cáceres), y todos los expedientes se tramitan desde ahí. «Además, se abrirán opciones a más países, todos aquellos con los que haya acuerdos internacionales y siempre y cuando se garantice la seguridad de los niños», explicó entonces la directora general de Infancia y Familia, Carmen Núñez.
