La cifra de adictos al juego que han decidido inscribirse en algún registro de autoprohibidos para combatir su ludopatía sigue creciendo. Tanto en el conjunto del país como en Extremadura, donde ya se superan las 2.700 altas activas, sumando los listados de ámbito autonómico y el estatal (una misma persona puede figurar en ambos).

En el primero de ellos, que es el que limita el acceso al juego presencial —al bingo, al casino, o a las casas de apuestas, por ejemplo—, las inscripciones son 1.432, con datos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública recabados hasta el martes pasado. En el 2017 se contabilizaron 83 altas y durante el 2018 hubo 103, cifras que se va camino de superar este ejercicio, ya que antes de finalizar sus cinco primeros meses se habían tramitado ya 53.

Por lo que respecta al Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), es a este al que le atañe el control del juego ‘on line’, de forma que el operador está obligado a comprobar la posible presencia en él del usuario antes de permitirle apostar. Aquí son ya más de 1.300 los ludópatas residentes en la región que han decidido dar este paso e inscribirse en él. En el 2012 no llegaban a los ochocientos, lo que supone un crecimiento en estos seis años del 66,7%.

«Esto es una epidemia muy grande, silenciosa, pero epidemia», resume Eusebio Collazos, secretario de la Asociación de Jugadores en Rehabilitación Nuestra Señora del Puerto de Plasencia. Este colectivo tiene actualmente en tratamiento a unas sesenta personas. Solo en los tres primeros meses de este 2019 se incorporaron una veintena, bastante más del doble que todas las que llegaron el año pasado. «Ante esta avalancha que estamos teniendo —resalta— hemos tenido que incorporar una nueva psicóloga». Es la tercera ya en su equipo, que cuenta también con una terapeuta ocupacional y tres monitores.

Tan preocupante como el aumento de las adicciones al juego es para Collazos que estas se desarrollen cada vez en personas de menos edad. «La mayoría de los que tenemos no superan los 25 años», indica. Hay, incluso, varios menores de edad, entre ellos uno de doce años y otro de quince. En estos casos, precisa, «estamos empezando a tratar a los padres, dándoles pautas», si bien, reconoce, se trata de terapias «complicadas». «A un chico de 15 años tú no le puedes quitar de golpe el móvil y el ordenador. Algunos han llegado a hacer daño a sus propias madres», aduce.

POR EDADES / De los más de 1.400 registros que conforman el listado autonómico, un 3,7% corresponde a adictos de entre 18 y 25 años; un 17,6% cuenta con entre 26 y 35; un 26,8% se mueven en el tramo que va de los 36 a los 45 años; y un 51,9% supera esa edad.

Desde la Consejería de Hacienda se aclara, además, que los inscritos en el registro extremeño de limitaciones de acceso solicitan con frecuencia su baja y transcurrido un tiempo vuelven a gestionar de nuevo el alta. «De este modo, las variaciones en la composición del registro, tanto de altas como de bajas, pueden estar provocadas por las mismas personas», se explica. En este sentido, entre 2017, 2018 y lo que llevamos de este año se han tramitado en la región 173 bajas.

En esta misma línea, los datos nacionales recogidos por la Dirección General de Ordenación del Juego revelan que un 10,4% de las nuevas altas tramitadas en el 2018 correspondieron a reincidentes, una proporción que ha experimentado una tendencia ascendente desde el 2013, cuando fue del 8,69%.

«Es gente que se da de baja pero que no está recuperada», esgrime Collazos. De la veintena que comenzaron tratamiento con esta asociación placentina en el primer trimestre del año, «hay tres o cuatro que han dicho que ya están curados, que se van. Y no es posible curarse en dos meses, pero no les puedes obligar a que sigan asistiendo a terapia», lamenta. Cuando realmente el trabajo puede dar frutos es al completar toda la terapia, un proceso que lleva un año y medio. Entonces, afirma, «tenemos un 85% de rehabilitados, pero como generalmente muchos se van antes, el porcentaje baja una barbaridad».

En febrero pasado el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el decreto ley de Fomento del Juego Responsable, que estableció, entre otras cuestiones, una distancia mínima de 300 metros de puerta a puerta entre los locales de apuesta y los centros educativos (incluidos los universitarios) de la región; y de 250 metros en los núcleos urbanos entre estos establecimientos entre sí.

Collado cree que son medidas que van «en el buen camino», pero resalta que no se aplican con carácter retroactivo. «Las 131 salas que hay en Extremadura no se van a modificar de sitio. Ni las ocho que hay en Plasencia, de las que siete están a menos de cien metros de colegios. Eso ya no lo vamos a poder modificar. Hemos llegado un poco tarde».