Extremadura tutelaba a fecha de 31 de diciembre de 2018 un total de 16 menores extranjeros no acompañados (MENA), la segunda comunidad autónoma con un número menor, solo superada por La Rioja, que contaba con uno, según los datos que recoge la Fiscalía General del Estado en su Memoria 2018.
La Fiscalía advierte en este documento del "incremento espectacular" en la llegada de menores extranjeros no acompañados en patera, un 199,61 % respecto a 2017, y del desbordamiento de las capacidades de recepción y asistencia de las entidades públicas encargadas de su adecuada atención.
El Ministerio Público, encargado de la protección de los menores, invita a una "seria reflexión" sobre el aumento de los menores extranjeros que viajan solos, que es de un 115 % respecto al año anterior, y que se eleva a casi el 200 por ciento los llegados a través del mar en embarcaciones precarias.
En concreto, durante 2018 han sido localizados 7.026 menas llegados a España por vía marítima, frente a los 2.345 de 2017.
En el Registro de menores extranjeros no acompañados (MENA) figuraban inscritos, a fecha de 31 de diciembre 2018, un total de 13.796 menores bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección (en 2017 eran 6.414). De ellos 12.825 son niños y 971 niñas.
La mayoría se encuentran tutelados por la Comunidad Andaluza (6.294 menores); 1842 se encuentran en Cataluña; 1.322 en Melilla; 990 en el País Vasco; 730 en la Comunidad valenciana; 553 en Ceuta; 490 en Madrid; 390 en Murcia; 281 en Canarias; 175 en Aragón; 160 en Castilla-La Mancha; 113 en Galicia; 111 en Cantabria; 103 en Asturias; 102 en Castilla y León; 64 en Baleares; 58 en Navarra; 16 en Extremadura y uno en La Rioja.
"Los datos nos asoman a una realidad que requiere de una actuación conjunta y coordinada de las autoridades gubernativas, de los servicios educativos, sociales y sanitarios, y de las entidades encargadas específicamente de la protección de menores, para abordar el tratamiento singularizado que merecen quienes, de forma voluntaria o no, han asumido el riesgo de alcanzar nuestras costas en busca de un futuro mejor", expone.
En este repaso anual de las actuaciones, una veintena de fiscalías alertan sobre dicho desbordamiento de múltiples secciones como consecuencia de ese incremento.
"Esta situación conlleva el aumento exponencial de los expedientes de riesgo (Huelva, Barcelona, Cádiz) y se constata la precariedad de medios materiales de las CCAA para afrontar adecuadamente esta nueva situación", indica el Ministerio Público.
Explica que la Sección de Asturias informa de que se ha detectado la existencia de una interlocución interna entre los propios menores y ciertas organizaciones clandestinas que les posibilitan su entrada y asentamiento en España. Ello deriva en que, cada vez que se crea un nuevo recurso, inmediatamente aparece un número mayor de menores solicitando su inmediato ingreso en el mismo.
Todo ello -apunta la Fiscalía- se traduce en un agravamiento general de la escasez de medios autonómicos disponibles para abordar la protección de los menores y está generando un malestar social que, además, se une al peligro potencial de abocar a dichos menores a la delincuencia y la marginalidad como medio de subsistencia.
Sobre la determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados, la Fiscalía destaca que se han fijado criterios más sólidos y objetivos para abordar esas situaciones por las que se incoaron 12.152 diligencias, más del doble que en 2017, y propone la elaboración de un protocolo uniforme sobre los métodos para concretar esa edad para todo el territorio del Estado respetuoso con los derechos humanos.
