Extremadura recurrirá la decisión adoptada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, que otorga a la ‘DO Cava’ potestad para decidir sobre la ampliación o no de la superficie de cultivo destinada a este espumoso. Los técnicos de la Consejería de Agricultura están evaluando aún el documento, aunque de los primeros análisis extraen que la modificación que se ha llevado a cabo contradice la normativa europea al dejar en un consejo regulador (que no es una administración) una decisión que debe recaer en uno de los estados miembros. Tal y como avanzó este diario el pasado domingo, la modificación introducida en el documento permite al consejo regulador limitar las nuevas plantaciones al convertir en vinculantes sus recomendaciones, una reivindicación que mantenían desde hace tiempo en este órgano (en los últimos años han reclamado crecimiento cero de las plantaciones) y a la que se oponía ya el ejecutivo extremeño al entender que aquí el cava aún tenía mucho margen de expansión.
Precisamente a esa cuestión se refirió ayer la consejera de Agricultura Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura, al ratificar en nombre de la Junta de Extremadura que «no está de acuerdo con la decisión», porque en la nueva redacción del real decreto «se excluye a las comunidades autónomas». «Estaremos al lado de los productores porque el cava extremeño tiene capacidad de crecer aún más», afirmó.
Hasta ahora, la adopción de restricciones a las plantaciones en denominación de origen de ámbito supranacional requerían de un informe preceptivo, aunque no vinculante, de las comunidades autónomas; pero era el Gobierno central el que tomaba la decisión, como establece la normativa comunitaria. Con el cambio introducido ahora, la decisión pasa a los consejos reguladores de las denominaciones de origen, que hasta el momento solo emitían informes no vinculantes. «Entendemos que ese párrafo no es conforme a la normativa comunitaria, que atribuye esa competencia a los estados miembros», señaló la consejera.
firmeza/ Los cuatro partidos con representación en la Asamblea también reclamaron ayer al ejecutivo autonómico firmeza en la defensa de los productores, según recoge Europa Press. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, alertó de que se trata de un asunto «gravísimo», que «va a tener consecuencias». A su juicio, «lo que se está haciendo es entregar a los catalanes la capacidad de decisión sobre el cava», por lo que reclamó al presidente de la Junta que «se ponga las pilas y actúe ya, porque esto es un atropello sin precedentes que va a tener consecuencias».
En referencia a este asunto, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Salazar, también reivindicó que «los intereses de los extremeños se defiendan por aquellos que tienen la obligación de defenderlos para que al final no sean siempre los perjudicados los agricultores extremeños». Precisamente Ciudadanos lleva esta semana una pregunta al pleno de la Asamblea en la que pide al Consejo de Gobierno se pronuncie sobre las acciones que va a llevar a cabo.
En representación del Grupo Unidas por Extremadura, su portavoz, Irene de Miguel, alertó de que con este nuevo decreto «tiene toda la pinta» que «quien se va a ver beneficiado va a ser Cataluña» y recordó que la Denominación de Origen Cava «también afecta a otras comunidades». A su juicio, el Ministerio de Agricultura «hace un flaco favor a las regiones que también producen cava de alta calidad».
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, también aseveró que su partido rechaza «absolutamente que estas decisiones se hagan al margen de las comunidades autónomas» y afirmó que la Junta tendrá «firmeza absoluta frente a lo que pueda suponer la pérdida, por pequeña que sea, de los intereses de los agricultores del sector del viñedo».
Por parte de los agricultores, Apag Extremadura Asaja, rechazado también la medida que beneficia a los intereses de los productores catalanes cuyas ventas de cava están estancadas.
