Después de años de lucha ciudadana, la sanidad pública va a empezar a financiar la polémica píldora contra el VIH, la llamada profilaxis preexposición (PrEP, por sus siglas en inglés). Se trata de un medicamento destinado a los grupos de riesgo, entre ellos gais y transexuales sin pareja estable, que quedan protegidos de contraer la infección aunque practiquen sexo sin preservativo. No obsante, los médicos avisan de que no conviene disminuir el uso del condón, debido al peligro de contraer otras enfermedades venéreas como la gonorrea, la sífilis o la clamidia, cuya incidencia va en aumento.

El uso de la PrEP está aprobado en España desde febrero del año 2017 (se comercializa bajo la marca Truvada y se puede adquirir por unos 30 euros), pero el Sistema Nacional de Salud no empezará a financiarla hasta este mes, tras su aprobación por la Comisión Interministerial de Precios en septiembre como una medida «de salud pública». El tratamiento no quedará plenamente implantado hasta el 2020, ya que según explican desde el Servicio Extremeño de Salud (SES), el ministerio todavía tiene que elaborar el documento técnico con el protocolo que han de seguir las comunidades autónomas.

Desde la Junta avanzan que la PrEP mantendrá su clasificación como medicamento de uso hospitalario y se dispensará «de manera gratuita previa prescripción médica en las farmacias de los hospitales». Esta píldora es una asociación de dos fármacos antirretrovirales (Tenofovir y Emtricitabina) y debe tomarse diariamente, una pastilla una vez al día. Su eficacia va íntimamente relacionada con el nivel de adherencia, es decir, es necesario tomarla de manera continuada. Además, como todos los tratamientos antirretrovirales, puede generar efectos adversos, por lo que tiene que hacerse bajo supervisión médica.

Beneficiarios

Según las estimaciones del Comité Ansida de Extremadura (Caex), aproximadamente un centenar de personas harán uso de este tratamiento en Extremadura, ya que solo está indicado para los colectivos «especialmente vulnerables»: hombres que mantienen sexo con hombres, transexuales y prostitutas con más de diez parejas sexuales en el último año y que hayan contraído una enfermedad de transmisión sexual (ETS).

Desde el Caex valoran muy positivamente la inclusión de este tratamiento preventivo en la sanidad pública. «Entendemos que por el coste eficacia merece la pena. La PrEP tiene un coste anual de unos 300 euros por usuario, frente a los 7.000 del tratamiento del virus con antirretrovirales», explica su presidente, Santiago Pérez Avilés. Este recuerda además que la toma de esta pastilla «no es algo aislado», sino una medida que complementa a otras estretegias que apuestan por el uso del preservativo y el diagnóstico precoz de la enfermedad.

De hecho, el temor a un menor uso del condón entre los usuarios de la PreP, así como las reticencias de algunos expertos y políticos a medicar a personas sanas, han motivado que, hasta ahora, no se haya iniciado el camino para incluir este tratamiento en la sanidad pública pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó su uso en el 2015 y la Comisión Europea invitó a los países a su introducción un año después.

Desde entonces, asociaciones médicas y del colectivo LGTBI han venido abogando por su implantación en España y hace ya un año, en el Congreso de los Diputados se aprobó una proposición no de ley que contó con el respaldo unánime de todos los grupos políticos.

Según los datos facilitados por el Caex, en torno a 2.000 personas paceden VIH en Extremadura, pero solo unas 1.500 están en tratamiento porque el resto (entre el 18% y el 20%) desconoce que pacede el virus. Cada año se diagnostican entre 35 y 40 nuevos casos, y el 11% de ellos aparecen ya directamente como sida. Se contagian sobre todo hombres que mantienen sexo con otros hombres sin protección, de ahí que desde el Caex aboguen por nuevas estrategias como la PrEP en la lucha contra esta enfermedad.