Los juzgados especializados en cláusulas abusivas empiezan a coger ritmo y, por primera vez desde que se crearon, los asuntos resueltos han superado a los que ingresaron según recogen los últimos datos publicados por le Consejo General del Poder Judicial, correspondientes al segundo trimestre del año. En ese periodo, entraron en estos juzgados 918 casos, pero se resolvieron 1.245 (+327) por lo que la tasa de resolución se disparó al 135%, más de 40 puntos por encima del dato que se había alcanzado un trimestre antes, que era en todo caso el mejor obtenido desde que se habilitaron estos juzgados a mediados del 2017, precisamente para desatascar la avalancha de demandas que se registraron tras ser declaradas abusivas por la justicia europea algunas de las cláusulas que las entidades financieras incluían en los contratos de productos como hipotecas. Aún así, los dos juzgados extremeños (uno en Cáceres y otro en Mérida) tienen aún 8.576 casos pendientes de resolución, casi la mitad de las causas que se han iniciado.

La consecuencia del acelerón entre abril y junio (con cuatro sentencias al día de media) es que el número de casos pendientes de resolver se ha reducido también por primera vez. ¿Y las causas? Pues básicamente han coincidido por un lado la caída a mínimos del número de nuevos casos que se están abriendo en los juzgados y, por otro, un incremento de las resoluciones. El número de casos ingresados en el segundo trimestre del año (918) fue el más bajo desde la creación de estos órganos --la mitad que en el mismo periodo del 2018 (1.852) y un 11% menos que el trimestre anterior-- y paralelamente, el número de procesos resueltos fue el más elevado, con un total de 1.245, lo que supone un incremento del 15% interanual.

MÁS DE UN AÑO/ «Van más rápido ahora, pero este tipo de procesos siguen yendo más lentos que los ordinarios», asegura José Miguel Campos, del bufete Dereccho Abogados, experto en procesos de cláusulas abusivas. Su despacho ha presentado más de 200 demandas de este tipo y, según su experiencia, cada procedimiento puede tardar más de un año en resolverse en el juzgado de Cáceres y aún más en el caso de Badajoz, donde el atasco es mayor. A su juicio, al alza en la tasa de resolución está contribuyendo también que las demandas «ya están entrando por goteo» porque los casos susceptibles de reclamarse ya se han iniciado.

En el primer semestre del año se han gestionado en total 1.951 nuevos casos y se han resuelto 2.187. De ellos, el 91% de los procesos concluyeron con una sentencia --fueron 864 sentencias en el primer trimestre del año y 1.144 en el periodo de abril a junio-- y el 9% restante se resolvieron por algunos de los otros procedimientos que se contemplan: puede ser un auto final o un decreto, cuando se dan situaciones en las que se acumulan en un mismo procedimiento varias demandas referidas a distintas cláusulas de la misma hipoteca o se produce la renuncia o el desestimiento de una de las partes.

«La postura de las entidades no ayuda, porque le negativa a negociar con el cliente hace que la mayoría de procesos acaben en el juzgado», señala el abogado Javier González. En su caso, la mayoría de procesos están en tribunal específico habilitado en Mérida. «El juzgado único tampoco ha sido la solución más efectiva, solo se ha concentrado en él el atasco por este asunto», sostiene el letrado. Su opinión la comparte José Miguel Campos que también duda de la efectividad real de esta medida: «ahora los casos se reparten entre los tres jueces del juzgado específico de Cáceres, por ejemplo, pero antes se repartían entre siete de distintos juzgados», apunta.

PRÓRROGA/ Los juzgados específicos por cláusulas abusivas se habilitaron a mediados de 2017 a través de un real decreto que establecía también medidas extrajudiciales para resolver estos procesos. En Extremadura hay uno en Cáceres y otro en Mérida. Pero muchas entidades siguen rechazando la negociación, con lo que la mayoría de los procesos terminan en el juzgado y el colapso se mantiene a pesar de que ha mejorado la situación este año. El Consejo General del Poder judicial, el Ministerio y las autonomías decidirán antes de que termine el 2019 si se prorroga seis meses más su actividad o un año en función de la situación de cada tribunal. «Si se mantienen, haría falta al menos un año más», coinciden los dos abogados consultados.