La asociación de Personal Interino y Laboral Temporal de Extremadura (Piltex) denunció ayer que la oferta de estabilización del empleo temporal aprobada por la Junta es un «ERE encubierto» que llevará al despido «libre y gratuito» de trabajadores interinos, cuya edad media se sitúa en 48 años. Así se pronunció la presidenta de esta organización, Marisa González, en la Comisión de Administración Pública, en la que compareció a petición de Unidas por Extremadura para informar sobre la situación laboral de este colectivo. Lo hizo junto al abogado Javier Arauz de Robles, asesor jurídico de Piltex y promotor de las cuestiones prejudiciales que se están dirimiendo en la UE sobre el abuso de la temporalidad por las administraciones.

En su intervención, González criticó que la Junta haya aprobado esta oferta adicional para la estabilización del empleo temporal, con 1.622 plazas, sin esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) relativa a este asunto. Aseguró que constituye un «ERE masivo» que puede abocar al paro a trabajadores con una edad media de 48 años que, según denuncia, no han podido consolidar sus puestos por las ofertas «pírricas» de empleo de los últimos años, a lo que ha sumado categorías que llevan sin convocarse desde hace 13 años. «No es creación neta de empleo», sino que supone convocar las plazas de trabajadores a los que no se les ha dado la oportunidad de convertirse en fijos y que se encuentran «en situación de fraude de ley por abuso de la temporalidad». Trabajadores que durante años vienen desempeñando funciones de funcionarios de carrera sin los mismos derechos laborales que estos, y viendo como las contrataciones en las empresas públicas sigue creciendo, añadió.

Según datos de Piltex, alrededor de cuatro mil empleados temporales e interinos de la Administración autonómica se encuentran en una situación de «abuso» de la temporalidad por superar los tres años en el puesto y no haberse convocado sus plazas en las correspondientes ofertas de empleo público. «Somos las víctimas» de unas administraciones que, en lugar de paralizar los procesos de provisión de puestos a la espera del TJUE, se han apresurado a sacar en los últimos meses «todo lo que han podido» para cumplir los imperativos de reducir al 8% la tasa de temporalidad en sus plantillas, insistió. Para el abogado Arauz de Robles «la solución no es un proceso selectivo» porque estos trabajadores ya han demostrado mérito y capacidad para desempeñar las funciones públicas. EfE