«El kilo de aceitunas verdes se paga a 0,74 céntimos al agricultor, mientras que el precio en destino es de 4,78 euros. La mandarina cotiza a 0,24 céntimos, al consumidor se vende por 1,92 euros. Ocurre también con la naranja normal, de costar 0,18 céntimos en el campo se sube a 1,42 euros cuando llega al supermercado, es un incremento de casi un 700%, o lo que es lo mismo, se multiplica por siete el precio final». Son los ejemplos que pone Juan Moreno, presidente de COAG Extremadura, una de las organizaciones agrarias de la región, para explicar el problema de fondo del sector agrícola (que supone en torno al 8% del PIB regional). Los datos que da se publicaron el mes pasado y hacen referencia a cómo estaba el mercado en noviembre de 2019.
Ese diferencial de importes afecta igualmente a la nectarina, al melocotón y a la ciruela, con una distancia de entre un 500 y un 600% en el coste de destino; y especialmente al brócoli, cuyo aumento en la cadena se alza hasta el 1.109%: en este caso el kilo se paga a 25 céntimos en el campo y a 2,78 euros en la estantería de una gran superficie.
La realidad es que a todas las explotaciones agrarias les afecta directamente la ausencia de una ley de precios que fije unos mínimos. Y es lo que reivindican desde las organizaciones agrícolas para poder subsistir. «Es que los gastos de producción del aceite de oliva son de 2,72 euros el kilo, y se está vendiendo a 2 euros, lo que significa 70 céntimos por debajo. Cualquier empresa que venda dos campañas seguidas por debajo de los costes de producción tiene que cerrar porque entra en quiebra», se lamenta Moreno.
¿A qué se debe ese diferencial? A los intermediarios. «Entre la manipulación, la transformación, el envasado, la distribución y la venta pues el coste se termina disparando».
¿Los culpables?
¿Los culpables?¿El resultado es un importe abusivo? «Superabusivo». ¿Quién tiene la culpa? «El mercado, que es el que pone los precios», responde el presidente de COAG. Pero añade: «Hay un dato claro y es que entre las seis cadenas de distribución que funcionan a nivel nacional se reparten el 60% del negocio; entonces el poder que tenemos nosotros, que somos muchos vendedores, contra ellos es prácticamente nulo. Hay monopolio por todos lados».
Otra dificultad a la que se enfrenta el campo y que afecta directamente a los precios: la producción en otros países. «Tenemos que competir con un salario que, incluidas todas las cargas sociales, en España es de casi 70 euros diarios, en Marruecos son 5 euros. Esas son las reglas de comer. Además se firman acuerdos comerciales y no se controla qué entra por los puertos, ni las cantidades ni las calidades ni en qué condiciones sanitarias vienen esos productos. En España y en la Unión Europea se aplican unas normas muy estrictas, nosotros estamos de acuerdo porque lo primero es la garantía del consumidor».
El salario mínimo
El salario mínimoOtra piedra más en el camino: el alza del salario mínimo interprofesional (SMI). «Con las cotizaciones sociales la subida es de casi un 50% desde 2018, mientras que al mismo tiempo el precio medio del kilo de aceite ha bajado casi un 30%», subraya Moreno.
De hecho, el alza del SMI a 900 euros ya provocó conflictos entre las organizaciones agrarias y los sindicatos argumentando las primeras que era inasumible, de tal manera que las negociaciones para adaptar el convenio del campo se encuentran actualmente en punto muerto, por lo que se ha prorrogado el actual; este nuevo incremento dificulta aún más acercar posturas.
El trasfondo
El trasfondoLo que tienen claro las organizaciones agrarias es que el problema real es la falta de precios justos en el campo. «Vivimos en un sistema de liberalización del mercado, sabemos que es difícil marcar unos mínimos, por eso debe intervenir el Estado, se requieren soluciones políticas porque no se puede vender por debajo del precio de producción».
El presidente de COAG apostilla: «A la ciudadanía hay que darle de comer al menos tres veces al día, la alimentación se ha convertido en un negocio y las multinacionales se han dado cuenta. ¿Qué quieren las grandes empresas? Acumular poder y expulsar al agricultor profesional del mercado. Lo hacen aumentando los costes y bajando los precios».
