Extremadura no descarta recurrir a la vía judicial para reclamar al Ministerio de Hacienda el pago de los 86 millones de euros pendientes de la liquidación del IVA del año 2017. La Consejería de Hacienda y Administración Pública ya solicitó el abono por escrito en el año 2019 y la titular del ramo, Pilar Blanco-Morales, presentará una «reclamación formal en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de mañana. «En función (de la respuesta), actuaremos», dijo Blanco-Morales ayer en la rueda prensa posterior al Consejo de Gobierno.
La vicepresidenta extremeña abogó por el diálogo y el consenso con las comunidades autónomas para encontrar una solución a este problema que según recordó, viene por una decisión «injusta y desleal» del Gobierno de Mariano Rajoy. Como consecuencia de la reforma del IVA en el año 2017, las entregas a las comunidades con cargo a este impuesto se liquidaron por 11 mensualidades en lugar de las 12 correspondientes, lo que en el caso de Extremadura se cifra en un impago de 86 millones de euros que no han sido transferidos. Según Blanco-Morales, esta cantidad «ya se ha gastado porque se contaba con ella» y como consecuencia está influyendo en el déficit de la región de forma «importante».
La titular de Hacienda señaló que si estas cantidades aún no se han liquidado a las comunidades es por falta de una ley que lo regule y en ese sentido, recordó que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, que no salieron adelante por el voto en contra del PP y los partidos nacionalistas, incluían vías de compensación. Ahora, señaló, una solución podría ser incluir esas compensaciones también en los PGE del año 2020. En cualquier caso, la consejera extremeña apostó por «el diálogo y el consenso» con las comunidades autónomas para encontrar una solución y que la compensación se produzca. «En el CPFF se reclamará formalmente y en función se actuará», reiteró. En total, el Ministerio de hacienda adeuda a las comunidades 2.500 millones de euros por la liquidación del IVA de 2017 y otras autonomías como Galicia, Aragón o Castilla La Mancha (esta última también gobernada por el PSOE) ya han anunciado su intención de recurrir a los tribunales.
OBJETIVOS DE DÉFICIT / En relación al CPFF, Blanco-Morales también ha avanzado otras peticiones que Extremadura lanzará y que ya lleva rclamando desde hace tiempo. La primera, esatablecer un objetivo de déficit adecuado, más flexible, particularizado y «mejor secuenciado» en el tiempo para poder «cumplir sin recortes». La segunda, la necesidad de contar «pronto» con un nuevo sistema de financiación autonómica que dé a las regiones los recursos necesarios para hacer frente a esos servicios esenciales que prestan, como educación y especialmente, sanidad y dependencia.
