El mal uso del teléfono móvil por parte de los alumnos se ha convertido en un motivo de queja cada vez más frecuente en los centros eduativos extremeños. Así lo ha detectado el sindicato ANPE, a través de su servicio del Defensor del Profesor, que apunta a un «aumento alarmante» de denuncias de los docentes por este motivo. Lo han notado especialmente desde el curso pasado y también en el primer trimestre de este curso académico. Por eso, el sindicato ha lanzado una campaña que llevará a todos los centros educativos extremeños para conciernciar a los estudiantes sobre el buen uso del móvil y de las redes sociales dentro de las aulas.

Está dirigida fudamentalmente al alumnado de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato. Porque en estos cursos es donde se dan la mayoría de los conflictos con los dispositivos móviles y donde están también más extendidos. Según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado el pasado octubre, el 66% de los niños y niñas de entre 10 y 15 años tiene teléfono móvil. En el caso de los que tienen ya los 14 este porcentaje alcanza el 92,5% y llega hasta el 93,8% en los de 15.

Los smartphones son ya una parte fundamental del día a día para los adolescentes y vetarlos en los centros educativos no es para muchos expertos la mejord ecisión, sino que abogan por educar en el correcto uso de estos dispositivos.

Y esto es precisamente lo que busca la actividad de ANPE. «En esta campaña se alerta de la importancia de no utilizar el móvil en clase, excepto cuando lo pida el profesor, así como de los peligros de difundir imágenes íntimas u ofensivas, insultar o difamar por estos medios». Con esta acción, también se quiere incidir en la importancia de denunciar situaciones de acoso o violencia escolar; ser crítico y reflexivo; respetar las diferencias; la tolerancia cero ante el acoso y violencia escolar; o dedicar más tiempo a las relaciones sociales y menos al móvil, entre otros consejos, aseguran desde el sindicato.

Además, ANPE advierte en la campaña que la difusión y publicidad de injurias o calumnias, o imágenes ofensivas sin consentimiento a través de estos grupos de mensajería, o de las redes sociales, podría tener la consideración de un delito grave, según recuerda el sindicato educativo.