El Gobierno ha movido ficha para aplacar las protestas que han brotado del campo en distintos puntos del país. Y lo ha hecho por el cauce de los jornaleros, con promesas de facilitar el acceso a los subsidios de empleo y con más garantías para sus condiciones laborales, vía Inspección de Trabajo. Las peonadas bajarán de los actuales 35 días hasta los 20, con lo que el Ejecutivo busca dar cumplimiento «a una reivindicación histórica del colectivo de jornaleros». Así se lo transmitió ayer el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a los sindicatos agrarios de Andalucía y Extremadura.
En este sistema de subsidios, conocidos coloquialmente como PER, el jornalero ha de acreditar haber trabajado un mínimo de 35 jornadas durante el último año para poder solicitar un subsidio de cerca de 400 euros durante un periodo de máximo seis meses. Dicha prestación la costean entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas, dependiendo la repartición de las cuantías del territorio. El Programa de Fomento del Empleo Agrario es competencia del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), impera solo en Andalucía y Extremadura y en diciembre del 2019 tenía 102.882 beneficiarios.
MAYOR COBERTURA / Ahora este requisito bajará hasta los 20 días. Una medida que el Gobierno de Pedro Sánchez ya aplicó de manera puntual en el 2018, ante situaciones de sequía. La rebaja anunciada ayer por Iglesias y Díaz a los sindicatos de jornaleros no llega con fecha de caducidad explícita, aunque fuentes de vicepresidencia afirmaron que «es necesario, a medio plazo, reformar el sistema de peonadas para garantizar que dé una cobertura más adecuada a los trabajos eventuales agrarios».
Según las últimas cifras disponibles de la Encuesta de Población Activa (EPA) referentes al 2018, unos 157.700 trabajadores del sector agrícola a jornada completa, el 34,5% del total, cobraban menos de 1.047 euros brutos al mes. Una cantidad equivalente a la penúltima subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, en 14 pagas; 1.050 euros en 12.
SIN LAS PATRONALES / Quienes no participaron ayer en la reunión fueron las principales asociaciones de empresarios agrícolas Asaja, UPA y Coag, pues no fueron convocadas por el Ejecutivo. Las organizaciones de empresarios agrícolas se han mostrado en anteriores ocasiones reacias, cuando no contrarias, a rebajar las jornadas necesarias para acceder al subsidio. «Cuanto más bajen las peonadas, más difícil va a ser encontrar gente para trabajar el campo», afirmaron fuentes de Asaja. La patronal agraria está muy molesta con el Ministerio de Trabajo, pues inicialmente fueron citados a dicha reunión y el jueves a última hora de la tarde el departamento liderado por Yolanda Díaz les dio platón, según cuentan desde Asaja.
críticas desde la región / Desde Extremadura, Apag, Asaja y UPA criticaron la decisión de la ministra de no recibirles, acusándola de intentar acabar con el diálogo social en el campo y de «romper los cauces de diálogo», por lo que consideran un «error garrafal» la decisión de Díaz.
El más crítico fue el líder de Asaja Cáceres, Ángel García, quien señaló que «aquí cada uno va por su lado, el ministro de Agricultura dice una cosa, la ministra de Trabajo otra, el presidente del Gobierno ya no digamos y ahora se incorpora Pablo Iglesias para que esto sea un auténtico carajal, incluida la reunión de hoy que parece que se ha organizado como una corrala».
También terció en el asunto el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, quien lamentó que el Gobierno desconvocara la reunión con las opas, lo que tildó como el «último desprecio» y «ninguneo» de Pedro Sánchez a los agricultores y ganaderos extremeños.
