Llevan años solicitando que se reconozca a los funcionarios docentes el derecho a disfrutar, «al igual que el resto de funcionarios», del permiso de seis días de asuntos particulares remunerados, «pero la Administración extremeña nunca lo ha incluido en mesa de negociación», denuncia el sindicato PIDE. Por eso, tras varios años de reivindicaciones, registros, solicitudes,... hace casi un año que decidió emprender una batalla judicial por lo que se conocen como ‘moscosos’ y «ahora tenemos esperanzas fundadas de que esa actitud cambie por la presión judicial que PIDE está ejerciendo», asegura el sindicato extremeño.

«Los docentes tienen los mismos derechos reconocidos a todos los funcionarios públicos en el artículo 14 de la Constitución, en el Estatuto Básico del empleado público y en la ley de función pública de Extremadura», defiende. Con estos argumentos, el sindicato, en nombre de una afiliada, planteó el pasado mes de marzo un contencioso administrativo «buscando una sentencia favorable para hacerla extensible a los 16.000 funcionarios docentes que trabajan en Extremadura». El pasado septiembre tuvo lugar una vista judicial en el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Mérida, que está pendiente de sentencia.

Mientras llega el fallo, desde PIDE continúan exigiendo que se convoque la mesa sectorial para negociar la mejora de las condiciones laborales de los docentes extremeños, entre ellas la de los asuntos particulares remunerados. «Mientras dicha negociación no llegue a buen puerto no desistiremos de la vía judicial», advierte el sindicato. Recuerda que una sentencia del 2016 emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ya se reconoció el derecho de los funcionarios docentes al disfrute del permiso por asuntos particulares.