Una parte pública y otra privada. Este es el nuevo modelo de gestión del servicio de transporte sanitario que plantea el Servicio Extremeño de Salud (SES) para 2021 cuando concluye el contrato de Ambulancias Tenorio, que no se prorrogará. Lo avanzó ayer el director gerente del SES, Ceciliano Franco, en una comisión de la Asamblea de Extremadura, donde compareció a petición propia para analizar la situación actual y plantear posibilidades de cara al futuro. «Ya se ha comunicado a la empresa que no habrá prórroga, evidentemente ha influido mucho la tensión que rodea al contrato, pero además creemos que ha llegado el momento de cambiar de modelo», señaló ayer Franco. El argumento es «minimizar el riesgo» que supone que una sola empresa se encargue de todo el transporte sanitario regional.
Así, la propuesta del SES pasa por la gestión pública del centro coordinador del servicio de ambulancias y separar el concurso en dos lotes distintos e incompatibles entre sí para una misma empresa. A su juicio, «el centro coordinador del tráfico debe estar dirigido por la administración. Hay que empezar a trabajar en la internalización de los servicio o de parte de ellos, y hay que dividir el concurso en lotes, lo tenemos claro», dijo. De esta forma, afirmó, hay más posibilidades de control y de mejora del servicio.
CONCERTACIÓN SOCIAL / Franco aseguró que esta propuesta ya se ha debatido con las centrales sindicales e incluso con empresas y que este asunto se ha incluido además en el acuerdo de concertación social firmado la semana pasada con las centrales sindicales. «Queremos que el nuevo contrato se haga de una forma participativa dentro de los límites que marca la ley», dijo.
En cuanto a la gestión pública del centro coordinador, Franco aseguró que esto permitirá dividir a quien planifica y a quien ejecuta el servicio «evitando usos inapropiados de los vehículos y consiguiendo un control absoluto de los medios reales». La plantilla del centro coordinador gestionaría todas las peticiones de servicio por áreas de salud y diseñaría las rutas. Franco recordó que esta es la fórmula empleada actualmente en Baleares, donde los trabajadores pasaron a incluirse en una empresa pública. «Ese es su modelo y no tiene por qué ser el nuestro, pero podríamos internalizar la plantilla dentro de una de las empresas públicas de la Junta», planteó.
Al margen del centro coordinador, seguirá habiendo servicios de cáracter privado para los que el SES volverá a lanzar un concurso pero esta vez por lotes. A priori, la idea es dividirlo en dos lotes, uno para los servicios programados (traslados de pacientes que necesitan diálisis, radioterapia, quimio o consulta) y otro para el transporte de urgencias y emergencias.
SUBLOTES POR PROVINCIAS / En el primer caso, el gerente del SES recordó que el transporte programado supone entre el 75 y el 80% de la actividad total (unos 700.000 servicios al año) y es además la principal fuente de reclamaciones y de tensión laboral en la actualidad. La propuesta es, a su vez, dividir este lote en dos sublotes, uno por cada provincia extremeña, así «minimizaremos el riesgo, el impacto de las incidencias y tendríamos más control de los servicios asignados», defendió Ceciliano Franco.
En este lote se incluirían las ambulancias tipo A2 de transporte programado no asistencial y las ambulancias de los Puntos de Atención Continuada (PAC) que aunque son tipo A1 se integrarían aquí para «optimizar el uso en la jornada ordinaria». No descarta abrir la puerta a otro tipo de transporte colectivo (taxis o coches con conductor) como propone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
El segundo gran lote sería el destinado al transporte urgente y de emergencias, que no sobrepasa el 20% de la actividad global habitualmente. Incluye a los vehículos tipo B de soporte vital básico y a las UVI móviles, pero se quiere estudiar también una propuesta sobre la mesa para reconvertir ambulancias tipo A1 en vehículos de soporte vital básico, lo que les permitiría atender emergencias.
Tras escuchar a Franco, la portavoz del PP, Elena Nevado, calificó el contrato de «verdadero fiasco» con un servicio «que ha pasado de penoso a lamentable», que atribuye no al modelo sino a la gestión del mismo, por lo que «da igual que los desprivaticen», además de dudar de que se pueda llevar a efecto «porque no hay margen en la administración pública». Por su parte, Joaquín Macías, de Unidas por Extremadura, pidió responsabilidades públicas por los incumplimientos y José Mª Casares (Cs) se centró en pedir explicaciones por el incidente ocurrido con la ambulancia incendiada el pasado 16 de enero, informa Efe.
