Los primeros pasos del Gobierno central para atajar la crisis del campo no son de momento suficientes para aplacar los ánimos y acallar la protesta, aunque las organizaciones agrarias valoran que denotan al menos voluntad de revertir la situación. El problema es que entienden también que los efectos del paquete de medidas que aprobó el martes en Consejo de Ministros y que ayer se publicó en el BOE (incluye e veto a la venta a pérdidas, sanciones para las ventas sin contrato y la obligatoriedad de cubrir al menos los costes de producción) no tendrá un impacto más que a medio plazo, que puede ser demasiado tiempo para la situación acuciante de muchas explotaciones, por lo que piden también medidas «a corto plazo» con un impacto directo en el agricultor, como rebajas en el IVA de los insumos, una tarifa especial para el regadío o bonificaciones en la Seguridad Social para amortiguar los efectos de la subida del salario mínimo en el sector.

«No ataja los problemas de raíz y habrá que ver cómo se aplica la modificación de la ley de la cadena alimentaria que plantea», en palabras de Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, que fue el más crítico con un paquete de medidas que califica de «lavado de imagen». A su juicio «son medidas con efectos muy lentos y no a corto plazo, que es lo que necesita el sector» y además considera que, en el caso de las relacionadas con el control de precios, «acabarán provocando un encarecimiento de los productos para el consumidor», afirma. Plantea acciones directas como rebajas fiscales en la contratación, bonificaciones en los costes de producción vinculados a los insumos y préstamos al 0% de interés al sector primario.

Desde la filial de la organización en Cáceres, Asaja Extremadura, su presidente Ángel García Blanco valora «la buena voluntad» que denota ese primer paquete de medidas por parte del Gobierno central, aunque duda de que los efectos puedan trasladarse al campo con la celeridad que precisa su situación y plantea medidas directas y concretas a los problemas del sector. «Reclamamos medidas específicas en las mesas de fiscalidad, control de importaciones y mano de obra», reclama, así como otras a problemas concretos como el del etiquetado de la miel. De las ya adoptadas, valora especialmente el coto a que se usen los productos agrarios como «reclamo».

VIGILANCIA / El secretario general de UPA-UCE también reclama un paquete de medidas «negociado con las opas» que supongan «un apoyo a corto plazo que permitan a muchas explotaciones seguir adelante», recogen en un comunicado. De las aprobadas esta semana celebra especialmente la prohibición sobre la venta a pérdidas y las ventas sin contrato o sin cubrir costes aunque urge «que se cumpla cuanto antes», especialmente en sectores como el de la fruta, y plantea un grupo de trabajo autonómico que vigile el cumplimiento de la ley.

Por su parte Juan Moreno, de COAG, ve «insuficientes» estas medidas. «Está muy bien que se exija cubrir los costes de producción, pero no servirá de nada al agricultor si tiene que competir con productos de otros países que no tienen los mismos controles, limitaciones o derechos laborales», lamenta.