El PP de Extremadura ha denunciado que Feval se haya adherido a la petición de indulto de Juan Francisco Cerrato, condenado en firme por malversación de fondos en esta entidad, lo que, a su juicio, supone que «la institución expoliada pide el indulto del expoliador».
La portavoz de los populares extremeños, Cristina Teniente, explicó ayer que el Consejo de Ministros acordó el pasado 21 de enero denegar el indulto solicitado por la defensa de Cerrato, condenado a cuatro años y medio por delitos continuados de malversación, falsedad en documento público y prevaricación durante su gestión como exadministrador de Feval, informa Efe.
La «sorpresa», según Teniente, ha llegado cuando el PP, personado en la causa, ha podido conocer, «porque no se ha informado de ello», de que la propia institución ferial se había adherido a la petición de indulto de la defensa en tres escritos, de 16 de julio de 2018, de 27 de noviembre de 2018 y en un escrito de súplica de 9 de enero de 2019.
En estos escritos, Feval argumenta que «como institución pública ha sido totalmente resarcida por el penado» y señala también razones de «equidad social» para evitar «una doble condena» y para que Cerrato pueda tener acceso a «la necesaria prestación de una serie de cuidados especializados que no existen en los establecimientos penitenciarios».
Para Teniente, «es una escándalo, una vergüenza y un bochorno para Extremadura y para la institución» esta adhesión a la petición de indulto de un condenado por corrupción en el seno de la propia entidad ferial, en cuyo consejo rector está la Junta de Extremadura, las diputaciones y el Ayuntamiento de Don Benito, instituciones todas ellas gobernadas por el PSOE.
A juicio de la portavoz popular, con este proceder la Junta, «no solo no aprende la lección, sino que vuelve a las andadas para proteger a los condenados por Feval», en este caso que supone «el sello de la corrupción del PSOE» en Extremadura.
PREGUNTARÁ A VARA / Por ello, el Grupo Popular en el Parlamento regional va a pedir explicaciones al presidente extremeño mediante una o más preguntas en el Pleno, ya que considera que si conocía la adhesión a esta petición de indulto tiene que asumir responsabilidades y si la desconocía, cesar al actual cuadro directivo de la institución ferial.
Para la portavoz socialista, Lara Garlito, el PP lo que pretende con esta denuncia es «sacar fantasmas del armario para distraer la atención» de lo que verdaderamente interesa a los ciudadanos, que son las medidas aprobadas por el Gobierno para dar respuesta a gran parte de las reclamaciones del campo extremeño.
Además, Garlito ha declarado que «impunidad es lo que el PP ha hecho con sus condenados de maltrato, amparándolos en las instituciones», como ha ocurrido, a su juicio, con el alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, condenado por violencia de género.
