El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, acusó ayer a la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de «entrometerse» en las labores de los agricultores, intentando «imponer» lo que tienen que plantar o hacer en sus tierras «de manera arbitraria». En opinión del dirigente agrario, esta forma de actuar es un ejemplo de «obstrucción» a las labores del campo, puesto que se están dando casos en los que se está sancionando por poner viñas en espaldera, por desbrozar parcelas o incluso por podar encinas, «cercenando así la libertad de elección de los propietarios de las explotaciones».

Según informó en una nota, se han dado casos en los que desde la consejería no se permite realizar cambios en los viñedos de vaso a espaldera o se limita la extensión de la misma, lo que es un «obstáculo» a la hora de mecanizar la explotación y mejorar la rentabilidad de ésta. Mencionó también limitaciones a agricultores en el número de hectáreas a plantar de olivar convencional porque la Junta quiere «imponer» el cultivo de cereal para que las avutardas puedan comer.

APAG advirtió además que se está dando el «contrasentido» de que la Junta está obligando a los agricultores a plantar en lindes del dominio público hidráulico especies como rosales y adelfas con el objeto de favorecer el hábitat, pero sin tener en cuenta que se trata de un espacio cuyas competencias las tiene confederación hidrográfica, «pudiendo sancionar al agricultor por llevarlas a cabo sin autorización de la institución competente».

Según Metidieri «es tan absurdo que, hagas lo que hagas, te van a multar», «unos por no hacer caso de su resolución y los otros por hacerlo sin su permiso». «En definitiva te multa uno u otro por plantar o por no plantar, el caso es sancionar, entorpecer y un afán recaudatorio», criticó.

Otra de las «sorprendentes» medidas es la de obligar a los agricultores a instalar cajas nidos en mástiles a seis metros para favorecer la cría de cernícalos, «cuando en muchos casos no tienen utilidad alguna», sin entrar en el coste económico que tiene su aplicación.