La Junta de Extremadura publicó un decreto para establecer en qué circunstancias sería necesaria la mascarilla después de anunciar su obligación aún con distancia de seguridad, pero el texto era poco concreto y han surgido muchas dudas. Por eso hubo que especificar qué excepciones hay a la ultilización de este protector. De este modo, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, aclaró que la mascarilla no tendrán que ponérsela los trabajadores de la agricultura y la construcción, ya que hacen un esfuerzo intenso y continuado en el tiempo. «Los problemas de salud que no origine el covid los puede crear un golpe de calor. Ahí relajamos las medidas. Pero es obligatorio que se mantenga la distancia de seguridad de 1,5 metros y esto lo tienen que saber los empleadores», indicó Vergeles.

También se podrá prescindir de ella en las piscinas públicas y en las de comunidades de vecinos cuando se esté tomando el sol a solas o con convivientes. Y lógicamente en el vaso de la piscina.

Y lo mismo ocurrirá en los espacios naturales o en la vía pública, fuera de los núcleos de población, siempre que se trate de paseos individuales o con convivientes, siempre que sea lugares donde no exista afluencia de personas y se garantice la distancia de seguridad.

Sí serán obligatorias en la vía pública aunque haya distancia de seguridad y en espacios cerrados donde se atienda al público, al igual que en el transporte. También dentro de las empresas en las zonas comunes y en despachos donde se no pueda garantizar «una ventilación individualizada natural o artificial, directa o indirecta».

También en las terrazas de los bares cuando no se esté consumiendo; se hace la excepción mientras se esté comiendo.

Un decreto-ley

De ese modo la Junta ha elaborado un decreto-ley sobre el covid-19 que no supondrá un endurecimiento de las sanciones, según Vergeles, sino que lo que pretende es «tipificar más las faltas que se pueden cometer en materia de mascarillas, aforos, espacios de ocio o locales comerciales».

Las sanciones contempladas en esta norma oscilarán entre los 100 y los 6.000 euros.