«Un comportamiento inaceptable de quienes parece ser quieren apropiarse del grupo parlamentario». Así resume el conflicto de Cs en Extremadura. Quien se expresa es José María Espejo-Saavedra, vicesecretario general adjunto del partido a nivel nacional. El conflicto es el siguiente: tras la marcha de Cayetano Polo como líder del partido, la dirección nacional nombró a David Salazar nuevo coordinador regional, pero tres diputados del grupo parlamentario (Marta Pérez Guillén, Joaquín Prieto y José María Casares) más quien entraba al correr la lista por la salida de Polo (Fernando Rodríguez Enrique) presentaron en la Asamblea un organigrama de puestos que dejaba fuera a Salazar e incluía a Rodríguez sin haber jurado aún su cargo. La realidad es que ahora en el grupo hay seis miembros oficiales de Cs, aunque tres de ellos tienen amenaza de expulsión, y un séptimo que ya ha recogido su acta y que pide representar también a la formación naranja, de la cual ha sido expulsado. Espejo-Saavedra vino a Mérida hace un par de semanas para intentar calmar las aguas, pero los tres diputados llamados díscolos le dieron plantón al no aceptar que en la reunión estuviera también el expulsado. Hoy se reúne la Mesa de la Asamblea para intentar resolver esta carambola.
-¿En qué situación está el partido ahora mismo en Extremadura?
-Más allá del problema evidente que hay en el grupo parlamentario, está más unido que nunca. Hay un clamor interno entre todos los afiliados y todos los cargos públicos de que la actitud de estos tres diputados no es la mejor imagen que podemos dar en medio de una pandemia. No entienden cómo en esta situación algunos están pensando en sus sillas, en sus cargos, e inclumpliendo los estatutos.
-¿La militancia está de parte del nombramiento de David Salazar y en contra del organigrama que presentaron estos tres diputados?
-No paran de llegarnos mensajes de la afiliación y de los cargos públicos de Cs apoyando las decisiones del partido y las medidas que se están tomando con los diputados que no están cumpliendo las normas y que se están intentando apropiar de un proyecto que no es suyo, que es de los votantes.
-Se da la circunstancia de que una persona expulsada del partido ya ha jurado su cargo de diputado.
-Hay una precisión importante a nivel reglamentario: todavía no es diputado del grupo parlamentario de Cs, aunque es verdad que él quiere serlo y así lo ha pedido. Es una decisión que debe tomar ahora la Mesa de la Asamblea. Las normas hay que interpretarlas también en el contexto en el que se han dictado y para las finalidades en las que se han dictado. Es evidente que el reglamento tiene alguna lagunas, pero esas lagunas hay que interpretarlas para que no se llegue a resultados absurdos.
-Además, hay una amenaza de expulsión sobre otros tres diputados si no cambian de actitud. ¿Cómo se va a resolver?
-No es una amenaza, es el cumplimiento de las normas. Una amenaza es decirle a alguien que si no hace lo que yo le digo le voy a causar un mal. Estamos hablando de que hay unas normas escritas, no es una decisión arbitraria. Y si estas personas no rectifican su actitud, claro que tendrá que haber consecuencias. Ahora bien, tanto la dirección nacional y regional lo que estamos intentando es que estas personas recapaciten.
-¿Hay negociación con ellos?
-No hay negociación porque las normas no se pueden negociar.
-Entonces se está a la espera de que ellos solos rectifiquen, ¿no?
-Claro. Porque si la norma dice que esto se hace así, no se negocia. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, eso es legítimo, pero no se negocia.
-Si no hubiera rectificación y fueran expulsados, el grupo parlamentario de Cs en Extremadura podría pasar de 7 a 3 miembros. ¿Están dispuestos a perder a más de la mitad de la representación?
-Cs va a aplicar sus normas. Y serán esas personas las que tendrán que rendir cuentas ante los votantes. Es que ni siquiera han manifestado ningún tipo de cuestionamiento político, lo que cuestionan son los cargos del grupo.
-Lo que está sobre la mesa es el cuestionamiento de que los nombramientos vengan de Madrid.
-Hubo un congreso en abril donde el tema central fue ese, y los militantes votaron por abrumada mayoría que la forma de organización del partido era esa.
-¿Qué ocurriría si por resquicios legales la Asamblea sí reconoce al expulsado de Cs como diputado del partido?
-Cs emprendería todas las acciones legales que tuviera en su mano para revertir una situación que no tendría ningún sentido ni político, ni democrático ni jurídico-constitucional. Estamos absolutamente convencidos de que el Tribunal Constitucional lo echaría para atrás. Además llevaríamos esta cuestión al pacto antitransfuguismo que se reunió hace poco a instancias de Cs y el PSOE y en el que se está ya considerando que las personas que son expulsadas de un partido no pueden formar parte de los grupos institucionales y que deben ser consideradas tránsfugas. Estoy convencido de que la Asamblea de Extremadura tomará la decisión correcta, porque si no, se generaría un precedente institucional muy peligroso para la democracia desvirtuando el sistema de partidos.
-Con el reglamento en la mano, si se aceptara la petición de Rodríguez Enrique, los tres díscolos más este expulsado sumarían mayoría simple en el grupo parlamentario y podrían expulsar al resto.
-Es como si mañana 16 miembros del grupo parlamentario del PSOE, por diferentes cuestiones, consideran que ya no quieren seguir las instrucciones de su partido, podrían incluso echar al presidente de la Junta. Creo que se va a imponer el sentido común.
