El Patronato del Parque Nacional de Monfragüe celebró ayer una reunión ordinaria, mediante videoconferencia, a la que asistieron representantes de las administraciones públicas, nacional, regional y local, así como de la propiedad, asociaciones conservacionistas, agrarias, del sector turístico y agentes del medio natural.

El orden del día incluía, entre otros aspectos, el informe de gestión presentado por el nuevo director, Alfredo Anega, y la directora técnica del parque, Carmen Martín, así como la presentación del plan de acción selectiva para la gestión de las poblaciones de ungulados silvestres y el programa de acción selectiva en este espacio protegido. Una cuestión esta última que, si sigue adelante tal y como se ha propuesto, puede suponer el inicio del fin para las prácticas cinegéticas en este espacio natural. Unas prácticas que se han venido desarrollando hasta ahora con vistas a gestionar la población de ungulados, especialmente las del ciervo y jabalí, cuando su densidad comprometía el equilibrio poblacional, el estado sanitario o el buen estado de conservación de las formaciones vegetales.

«El control de poblaciones es un concepto distinto de la caza deportiva y comercial, ya que frente a la finalidad recreativa o lucrativa de éstas, el objetivo es mantener las poblaciones de determinadas especies en niveles que no supongan un riesgo o una amenaza para la preservación de los valores ecológicos que motivaron la declaración del parque», se afirmó ayer desde la Junta de Extremadura a través de una nota, en la que se indicó que las especies capturadas se podrán entregar al Banco de Alimentos o derivarse a muladares. De acuerdo a este planteamiento, en un año se extraerían 336 ciervos y 350 jabalíes distribuidos por cada una de las cinco zonas que el plan establece.

Como se admitió también desde el Ejecutivo autonómico, durante la reunión los miembros del patronato manifestaron «posiciones encontradas en relación especialmente al programa de acción, debatiendo aspectos como la metodología de extracción a aplicar con sus ventajas e inconvenientes desde el punto de vista ambiental, sanitario o económico».

«Oposición casi unánime»

«Todo el patronato, salvo las dos asociaciones ecologistas, han votado en contra del plan que proponía la Junta y a favor del control poblacional a través de la caza, como se venía haciendo tradicionalmente. Ha habido mucha oposición, prácticamente unánime», resumió ayer José María Gallardo, presidente de la Federación Extremeña de Caza. «Cuando alcaldes, socialistas o del PP, la Universidad de Extremadura, los propietarios, los productores de caza, los cazadores,… cuando todo el mundo se opone a lo que se presenta en un órgano consultivo como es este patronato, creo que la Junta lo debería tener en cuenta», arguyó Gallardo.

El presidente de la federación regional de caza defendió que en Monfragüe se lleva sin cazar de forma ordinaria desde 1991 ya que «lo que se ha venido haciendo son controles poblacionales, aprobados por los planes de aprovechamiento del parque» y que no han aportado beneficios económicos. «No han tenido aprovechamiento comercial. Pagar 300 euros por un puesto no lo es, porque una montería tiene unos gastos de entre cinco mil y ocho mil euros. Es dinero que ha ido destinado a cubrir los costes».

Estas acciones de control de daños, incidió, «se venían dando en 4.000 de las 18.000 hectáreas que tiene el parque solamente. ¿Dónde está el inconveniente?». «Lo que estamos pidiendo es que no se vulnere la ley de parques y seguir haciendo controles poblacionales como se han venido haciendo en los últimos años y que no han dado ningún problema a nadie», apostilló Gallardo.

Por el contrario, desde Ecologistas Extremadura, su coordinador, Pablo Ramos, mostró su satisfacción por el cambio de sistema. «Lo aplaudimos y creemos que será beneficioso para el parque nacional, para la conservación y para todos los ciudadanos que nos gusta visitar Monfragüe», aseveró. A su juicio, la alternativa propuesta es, no solo lógica, sino la única opción que es ya posible. «Llevamos más de veinte años con las acciones de control tipo montería que no son efectivas, porque de hecho seguimos teniendo los mismos problemas, continúa habiendo mucha tuberculosis y superpoblación», esgrimió.

Consideró que la Junta «lo que hace en realidad es aplicar aquello a lo que la ley obliga a día de hoy», y que una marcha atrás sería «un error garrafal», que recurrirían legalmente de inmediato. Ramos abogó por métodos no letales para el control de la población, como la esterilización de hembras, «que se ha demostrado bastante efectivo en muchas especies».

Igualmente, se mostró partidario de actuar también en los cotos del entorno del parque. «Si en ellos se da alimentación suplementaria, estamos provocando que haya más animales de los que tiene que haber, por lo que en el parque siempre se tendrá que estar matándolos o extrayéndolos por un problema que se genera desde fuera», dijo. «Favorecer la presencia del jabalí o del ciervo va en detrimento de otras especies más importantes en términos de conservación, como puede ser el conejo, que es la base fundamental del águila imperial, del buitre negro, del lince ibérico…», concluyó.