Cada ayuntamiento extremeño recibe de media 207,6 euros por habitante en concepto de su participación en los ingresos del Estado. La cifra es la segunda más baja entre todas las comunidades autónomas españolas, únicamente superior a la de Castilla-La Mancha, y queda lejos del promedio estatal, que es de 281,6 euros per cápita, 74 euros por encima. El ‘ranking’ lo ha publicado la Federación Gallega de Municipios y Provincias y está elaborado a partir de las liquidaciones definitivas efectuadas por el Ministerio de Hacienda para todas aquellas entidades locales de menos de 75.000 habitantes que no son capitales de provincia ni autonómicas. En el caso de Extremadura, son 385 (todas a excepción de Cáceres, Badajoz y Mérida).
Las liquidaciones presupuestarias son las del ejercicio 2018, si bien el puesto que ocupa Extremadura se viene repitiendo desde el primero de los años para los que se ofrecen datos, el 2013. La participación de las entidades locales en los tributos del Estado es un recurso financiero con naturaleza de transferencia corriente que se abona mensualmente en concepto de entregas a cuenta de la liquidación definitiva. Durante el 2018, los consistorios extremeños recibieron 222,7 millones de euros por esta vía.
Establecida en la Constitución, esta participación se encuentra regulada por la actual Ley de Haciendas Locales, vigente desde el 2004. Para los municipios que no sobrepasan los 75.000 habitantes, esta norma establece un sistema de reparto en el que se prima a las localidades con mayor población. La relación no es directa, sino que se pondera en función de coeficientes que se incrementan a medida que la entidad local está en un estrato de mayor número de habitantes.
Este criterio explica que en cuatro de los cinco primeros lugares del listado aparezcan autonomías en las que los porcentajes de sus habitantes que viven en pequeños municipios están por debajo de la media: Madrid (con 378,3 euros per cápita); Cataluña 340,5 euros); Andalucía (260,8 euros) y Comunidad Valenciana (260,2). Entre ellas se ‘cuela’ también Aragón, que con 315,4 euros consigue ser uno de los tres únicos territorios nacionales que superan el valor medio.
El modelo de distribución considera, en menor medida, otros dos parámetros: el esfuerzo fiscal medio de cada municipio; y el inverso de su capacidad tributaria, un factor que tiene en cuenta las bases imponibles medias del Impuesto de sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana o de características especiales. De esta forma, lo que se hace es reducir los fondos a aquellos municipios que tienen un mayor margen para percibir ingresos a través del IBI, el principal impuesto de gestión municipal. Es la teoría, porque si bien una revisión catastral puede aumentar la base imponible de este gravamen, la recaudación final dependerá también del tipo impositivo que se aplique.
Por otro lado, la liquidación del 2018 fue positiva para 279 municipios extremeños, de manera que aparte de las entregas a cuenta hubo que sumar algo más de 3,5 millones de euros que les correspondían de su participación en los ingresos del Estado y que no se habían calculado en un principio. Por contra, en 106 la liquidación fue negativa (a reintegrar), por lo que les toca devolver fondos, aunque por una cantidad muy interior (algo más de 724.000 euros).
Extremadura, la comunidad con mayor peso del IBI
El informe ‘Haciendas locales en cifras’ correspondiente al año 2018, publicado recientemente por el Ministerio de Hacienda, revela que los ayuntamientos extremeños ingresaron ese año 275,8 millones de euros mediante el impuesto de bienes inmuebles (IBI). Este tributo es, con diferencia, el de mayor trascendencia para las entidades locales españolas, una vez que supone el 63,7% de los impuestos municipales. En Extremadura, su peso es todavía mayor, superando esta proporción casi en nueve puntos porcentuales (72,6%). No hay ninguna otra comunidad autónoma donde esta cifra sea más elevada. La eficacia de la gestión recaudatoria -cociente entre la recaudación obtenida y los derechos liquidados- es en este impuesto municipal, eso sí, bastante menor al promedio estatal (83,2% frente a 89,6%), quedando solo por encima de Andalucía (81,1%).
Tras el IBI, el siguiente capítulo impositivo de mayor importancia para los ayuntamientos extremeños es el denominado ‘tasas y otros ingresos’, con 154,8 millones. Le siguen el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), con 49,7 millones; el Impuesto sobre actividades económicas (IAE), con 21,7 millones; el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), con 16 millones; y el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU o plusvalía), con 15,7 millones.
En términos de índice de ingresos fiscales por habitante (teniendo en cuenta todos los tributos municipales), Extremadura es una de las regiones donde el importe es menor. Se queda, con 484,6 euros per cápita, en el 76,2% de la media española, sobrepasando solo a dos regiones, Galicia y País Vasco.
