La Fiscalía de Extremadura ha trasladado a los juzgados territoriales la denuncia de Podemos Extremadura relativa al caso de dos alcaldes y un concejal del PSOE de Extremadura por una «evidente vulneración» del protocolo de vacunación frente al coronavirus, que «contraviene la legalidad vigente» y que incluso «podría ser constitutivo de delito». En concreto, se trata del alcalde de Valverde del Fresno, Amalio Robledo Rojo; la alcaldesa de Higuera de la Serena, María Triviño Portalvo, y el concejal de Olivenza Ramón Jiménez Saavedra. «La Junta de Extremadura ha respetado escrupulosamente la Estrategia Nacional de Vacunación», respondieron a este diario desde el Gobierno regional.
El Ministerio Público, sin embargo, archiva el caso de la concejala de Plasencia, Soraya Cobos, ya que tenía un cargo de responsable en un centro sociosanitario y se encontraba dentro del protocolo. Así se recoge en un decreto elaborado por la Fiscalía, en respuesta a un escrito trasladado por Podemos a este órgano, en el que alertó del caso de cinco cargos públicos del PSOE. La portavoz de Podemos, Mavi Mata, que informó de esta decisión, indicó que la exgerente territorial del Sepad, Montserrat Rincón, queda fuera del informe porque su caso lo investiga ya la fiscalía de Badajoz.
El Ministerio Público entiende que en el caso de los dos alcaldes y el concejal se ha producido «una evidente vulneración» del protocolo de vacunación que contraviene la legalidad vigente que incluso podría ser constitutivo del delito de prevaricación y falsedad documental, ya que ninguno era personal de plantilla de los centros residenciales de mayores de titularidad pública. «Su inclusión en los listados oficiales de vacunación remitidos a las respectivas áreas de Salud del SES contraviene totalmente el protocolo de vacunación», señala la Fiscalía. «La excusa de acogerse para ello a su supuesta categoría profesional de personal directivo no puede aceptarse», ya que según argumenta la Fiscalía en su escrito «es obvio que el simple hecho de ser alcalde o concejal, por mucho que en algún caso la residencia fuese de titularidad municipal, no convierte a tales cargos políticos en directores de dichas residencias».
Personal del SES
También señala la Fiscalía que «la eventual responsabilidad penal alcanzaría no sólo a los citados cargos políticos, sino a las personas que les incluyeron indebidamente en las listas oficiales de vacunación remitidas al SES». «Es muy grave que cargos políticos del PSOE en Extremadura se salten el protocolo de vacunación, que se cuelen, mientras nuestros mayores han tenido que esperar para vacunarse», manifestó Mata. «Entendemos que utilizar un cargo público, presuntamente, para saltarse el protocolo de vacunación es corrupción, y es de la peor», subrayó. A su juicio, el PSOE «en otros territorios estaba siendo mucho más exigente, depurando responsabilidades e incluso llevando a Fiscalía ellos mismos los casos que conocieron».
