Los registradores comunicaron en 2020 casi trescientas operaciones sospechosas de blanqueo en Extremadura

Los negocios ilícitos que están en el origen del lavado del dinero han cambiado poco con la covid, pero sí se está innovando con la manera en la que se mueve el dinero. «Hemos tenido que reaprender a detectar determinadas operativas, factores y circunstancias que no eran habitualmente usadas para el blanqueo», se recoge en la memoria anual del CRAB del 2020. Entre las vías que están ganando más terreno para operar y mover fondos de forma ilegal, se encuentran, por ejemplo, las criptomonedas. De hecho, hace solo unas semanas el Gobierno ha aprobado que las plataformas de intercambio y custodia de estas monedas virtuales que operan en España tengan que registrarse en sendos listados del Banco de España (BdE) y del Sepblac (autoridad supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo).

Los negocios ilícitos que están en el origen del lavado del dinero han cambiado poco con la covid, pero sí se está innovando con la manera en la que se mueve el dinero

De las cerca de trescientas alarmas comunicadas por los registradores extremeños el año pasado por indicios de lavado de dinero, 106 procedían de los registros de la propiedad y las 191 restantes de los registros mercantiles y de bienes muebles. A ellas se suman otras 45 alertas recibidas por el CRAB desde la región en el 2019, 41 provenientes los registros de la propiedad extremeños y 4 de los mercantiles.

La normativa por la que se aprobó la creación del órgano para la colaboración de los registradores en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo entró en vigor en marzo del 2016. Desde entonces, estos profesionales están obligados a examinar cuidadosamente cualquier operación que, por su naturaleza, pueda estar aparentemente vinculada al blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas. Si uno de ellos observa indicios de un posible delito, es cuando remite el expediente al CRAB. Allí se analiza de nuevo y, si considera que hay señales suficientemente sólidas de una operativa ilegal, se abre un informe de análisis especial. De lo contrario, se descarta, aunque no de forma definitiva, ante la posibilidad de que pueda llegar nueva información de este mismo registrador o de otros. Una vez completado el informe por uno de sus analistas, es el propio centro el que decide en última instancia si eleva el expediente hasta el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Será esta unidad de inteligencia financiera la que finalmente, de estimarlo oportuno, remita a los  órganos judiciales o al Ministerio Fiscal el expediente para continuar con el proceso.

Motivos de alerta

Operaciones complejas, poco habituales o en las que no se aprecie un objetivo económico o lícito aparente, movimientos con origen o destino en países considerados paraísos fiscales o negocios que directamente den apariencia de simulación o de fraude son algunas de las prácticas que pueden llevar a sospechas de que se intenta blanquear dinero. Dentro de ellas pueden incluirse la cancelación de préstamos hipotecarios de elevada cuantía no mucho tiempo después de constituirse, la detección de empresas ‘zombie’ o sin actividad que quizás se dediquen a estos fines ilícitos, o la compraventa de activos inmobiliarios a precios fuera de mercado. 

De las 24.951 alertas por indicios de blanqueo de capitales lanzadas el año pasado por los registradores españoles, 8.282 procedían de los registros de la propiedad y 16.669 de los mercantiles y de bienes muebles. A la cabeza en alertas destapadas figura Madrid, con casi 8.300, seguida de Cataluña, con 5.194, y Andalucía, con 3.758 .